La Procuraduría General de la Nación oficializó la apertura de una indagación previa para establecer responsabilidades frente a presuntas irregularidades en la contratación pública y el manejo de recursos del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La decisión del órgano de control disciplinario se produjo tras las recientes declaraciones públicas emitidas por el precandidato Abelardo de la Espriella y las revelaciones periodísticas sobre el deterioro operativo y financiero del principal centro asistencial de la isla.

Dentro del expediente, el Ministerio Público verifica la presunta existencia de equipos médicos de alta tecnología almacenados sin uso en las instalaciones de la institución asistencial mientras se suscribían contratos privados para la prestación de esos mismos servicios sanitarios. Asimismo, la Procuraduría investiga posibles retrasos en el pago de salarios al personal médico y fallas graves durante más de seis meses en la recolección y disposición final de residuos peligrosos por incumplimientos contractuales.

En el marco de las diligencias probatorias, la entidad fiscalizadora solicitó copia integral de las órdenes de compra y contratos de prestación de bienes y servicios suscritos por la administración del hospital en los últimos periodos. El organismo de control busca identificar a los funcionarios comprometidos y determinar si existieron favorecimientos a contratistas o conflictos de interés que afectaran la continuidad de los servicios de salud de los habitantes del archipiélago.