El presidente Abelardo De la Espriella ordenó el traslado inmediato de 91 internos desde centros penitenciarios de la región Caribe hacia cárceles de máxima seguridad en el país, en una ofensiva frontal para impedir que las prisiones sigan siendo utilizadas como centros de operaciones criminales. La medida, ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), busca desarticular las redes de extorsión y delincuencia que operan desde los patios.

Del total de internos trasladados, 46 salieron de la cárcel de Sincelejo (Sucre), 41 del penal de Montería(Atlántico). El mandatario confirmó la operación en su cuenta de X, donde compartió imágenes de los reclusos siendo peluqueados y esposados de pies y manos antes de abordar los vehículos del Inpec.

“He dado instrucciones claras: ¡las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones desde donde los criminales se burlan de la justicia y continúan delinquiendo!”, escribió De la Espriella, quien también reportó que durante el operativo se incautaron en Girón (Santander) una tarjeta SIM, 5,58 gramos de sustancia vegetal, una batería y un cable de datos, elementos que evidencian la persistencia de actividades ilícitas intramuros.

“Que les quede claro a los bandidos: las cárceles son para cumplir condenas, no para seguir delinquiendo. No voy a ceder un solo milímetro en esta batalla contra la criminalidad. ¡La ley se respeta y el que la hace, la paga!”, sentenció el jefe de Estado en un tono que marca su política de tolerancia cero.

Esta acción se suma a una directriz similar emitida el pasado 19 de octubre en Arauca, donde De la Espriella ordenó al Inpec reubicar de inmediato a jefes del ELN y de las disidencias de las Farc hacia prisiones de máxima seguridad en otras regiones. En aquella ocasión, la instrucción también cobijó a otros objetivos de alto valor y a señalados extorsionistas que continuaban delinquiendo desde prisión. “Ninguno de estos bandidos se va a quedar en Arauca”, afirmó entonces.

En el marco de esta política de mano dura, también se produjo el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, a la cárcel La Picota en Bogotá. Ambos, considerados testigos clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, fueron movilizados desde las guarniciones militares donde permanecían recluidos.

Aunque el cambio de centro generó interrogantes sobre su seguridad y su estatus jurídico, el abogado penalista Sebastián Rondón aclaró que la medida no afecta los beneficios judiciales ni los principios de oportunidad que ambos mantienen por su colaboración con la Fiscalía. “No cambia la situación jurídica”, explicó Rondón, subrayando que el lugar de reclusión no determina por sí mismo la vigencia de los acuerdos judiciales aprobados por jueces de control de garantías. La precisión resulta clave, pues López y Pinilla no solo responden por su participación en el entramado de corrupción, sino que se comprometieron a entregar información y declarar contra otros exfuncionarios, entre ellos dos exministros del gobierno anterior.

Con estas decisiones, el gobierno de De la Espriella refuerza su estrategia de seguridad penitenciaria, enviando un mensaje contundente: las prisiones deben ser espacios de castigo y resocialización, no plataformas para la operación de redes criminales. La orden de trasladar a los internos de la Costa se suma a una estrategia nacional para recuperar el control de las cárceles y cortar de raíz las comunicaciones y extorsiones que se gestan desde su interior.