El delantero de 24 años, que milita en el Club Sport Cartaginés y ha jugado con la selección nacional, fue arrestado ayer por la Policía de Costa Rica bajo sospecha de extorsionar a deudores para cobrar préstamos informales. El operativo, que incluyó varios allanamientos en la provincia de Cartago, culminó con la captura del jugador y de tres acompañantes.

A primera hora de la madrugada, agentes irrumpieron en una vivienda identificada como la residencia de Barahona. En el video difundido por medios locales se observan las puertas derribadas, los gritos de “¡al suelo!” y los sospechosos, encapuchados y esposados, ingresando a un furgón policial. La acción forma parte de una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que acusa a los detenidos de extorsión, amenazas de muerte y asociación ilícita.

Según el informe del OIJ, los imputados operaban un esquema de “préstamos gota a gota”, una modalidad de crédito informal sin contrato y con intereses exorbitantes. Cuando los deudores no podían cumplir con los pagos, los agresores recurrían a intimidaciones y extorsiones para cobrar la deuda. Este método, frecuentemente vinculado al crimen organizado, ha generado preocupación entre autoridades y organizaciones de derechos humanos.

Durante los registros, la policía incautó munición para armas de fuego, marihuana, varios dispositivos electrónicos y otros objetos catalogados como “indicios de interés”. La evidencia recopilada será analizada para determinar la magnitud de la red criminal y la posible participación de otros individuos.

Barahona había sido convocado por Costa Rica para la fase de grupos de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Su última aparición como titular fue el 27 de septiembre, cuando el conjunto tico cayó 2‑0 ante Haití en partido de visita. La detención pone en entredicho su futuro en la selección y en el Club Sport Cartaginés, que aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.

Los seguidores del futbolista expresaron sorpresa y consternación en redes sociales, mientras que expertos en seguridad señalan que el caso evidencia la vulnerabilidad de figuras públicas ante actividades ilícitas de carácter financiero. El OIJ ha indicado que los detenidos permanecerán bajo custodia mientras se lleva a cabo la fase de investigación y se presentan los cargos correspondientes ante el tribunal.