El miércoles se desató una jornada de protestas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades, con docentes, estudiantes, centrales obreras y sectores de oposición que salieron a las calles para rechazar el decreto 1525, que regula el uso de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. El presidente Abelardo de la Espriella, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), supervisó la operación mientras el Congreso debatía la nueva normativa.

El decreto, firmado el martes, permite a la Fuerza Pública intervenir antes de agotar la etapa de diálogo si se considera que la protesta se vuelve violenta. Entre las causales se incluyen impedir el paso de ambulancias, portar armas o destruir infraestructura. El PMU debe documentar su decisión en un acta y, dentro de 72 horas, publicar un balance de heridos y daños.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la medida como “garantista y democrática”, afirmando que “no se toleran los bloqueos” pero que la protesta social sigue protegida. “Los trancones y el ruido no constituyen violencia”, explicó, mientras que las agresiones sí justifican la intervención.

Los congresistas de la oposición, liderados por la senadora Jennifer Pedraza, calificaron el decreto como inconstitucional y un retroceso en los derechos de los manifestantes. Pedirán una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado y presentarán una tutela y una solicitud de suspensión cautelar. “El Gobierno no puede modificar las reglas de la protesta por vía ejecutiva; debe tramitarse una ley estatutaria”, sostuvo Pedraza.

El vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, argumentó que el Ejecutivo excedió sus facultades reglamentarias y que las afectaciones económicas o de movilidad no pueden justificar la intervención de la Fuerza Pública sin agotar la mediación. Ocampo también denunció que el decreto convierte la etapa de diálogo en una opción, no en un paso obligatorio.

La marcha comenzó a las 10:30 am en el Parque Nacional y avanzó hacia el centro, reuniendo a cientos de personas en la Plaza de Bolívar. El expresidente Gustavo Petro llegó al lugar cuando empezó a llover con granizo. Líderes del Pacto Histórico, como el senador Iván Cepeda y el exgobernador Camilo Romero, participaron en la tarima y calificaron la jornada de “contundente” y pacífica.

Sin embargo, la presencia de uniformados con fusil al hombro que vigilaban la manifestación desde el techo del Congreso generó controversia. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, explicó que los efectivos pertenecen al esquema de seguridad de Petro y no a un dispositivo del actual Gobierno para reprimir la protesta.

En Ibagué, la UNDMO de la Policía Metropolitana intervino en la Plaza Murillo Toro, capturando a cuatro personas con armas cortopunzantes. En Medellín y Popayán se registraron desmanes al final de las protestas. En la capital, el ministro Lara recordó que bloquear una vía no constituye automáticamente un delito, citando la Sentencia C‑742 de 2012 de la Corte Constitucional.

Durante la movilización en Bogotá, algunos asistentes plantearon la posibilidad de convocar un paro nacional en noviembre, aunque no se dispone de información oficial al respecto. La oposición continúa exigiendo que el Gobierno respete el derecho a la protesta y que se garantice la participación ciudadana en la elaboración de normas que regulen las manifestaciones.