El gremio de Notarios Subsidiados advierte que la falta de planeación financiera pone en jaque la presencia del Estado en los municipios más apartados del país.

La presencia institucional del Estado en las zonas más remotas de Colombia enfrenta una amenaza crítica. El gremio de los Notarios Subsidiados de Colombia lanzó una alerta urgente ante la posible desaparición de cerca de 500 notarías ubicadas en municipios de sexta categoría y territorios con dificultades de orden público.

Según el comunicado emitido por la agremiación, esta crisis es consecuencia de un presunto “desorden administrativo” y una deficiente planeación presupuestal que se habría agudizado durante la pasada administración de Gustavo Petro. La situación ha derivado en un retraso en el giro de los recursos del Fondo Cuenta Especial del Notariado, esenciales para el funcionamiento de estas oficinas.

La problemática trasciende lo económico. Para las comunidades rurales y apartadas, la notaría no es solo una oficina de trámites, sino el principal punto de acceso a servicios esenciales del Estado. La desaparición de estas sedes dejaría a miles de ciudadanos sin posibilidad de legalizar documentos, realizar registros civiles o formalizar propiedades, aumentando la brecha de desigualdad en el país.

El gremio enfatizó que, aunque estas notarías cuentan con una fuente de financiación propia que no afecta el presupuesto general de la nación, la improvisación en la gestión de los gastos ha generado una mora que compromete su sostenibilidad operativa.

Ante la falta de respuestas positivas durante el mandato anterior, los notarios han dirigido un llamado de auxilio a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y a la administración liderada por Abelardo de la Espriella, buscando una intervención inmediata que garantice la continuidad del servicio.

Amed Velásquez, notario del municipio de Marulanda, Caldas, fue uno de los voceros en denunciar la precariedad del sector. “Los notarios subsidiados hacemos presencia en las comunidades rurales. Todavía tenemos en pausa algunos pagos que hacen posible el funcionamiento de las notarías”, manifestó el funcionario, subrayando la urgencia de destrabar los pagos pendientes.

La crisis se enmarca en un debate sobre la gestión de los recursos destinados a la descentralización de servicios. Mientras el gremio señala que la falta de planeación es la raíz del problema, la situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de los municipios de sexta categoría, donde la infraestructura estatal es mínima y la estabilidad de las notarías es el único soporte legal para la población.