El traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla desde una guarnición militar hasta la cárcel La Picota, en Bogotá, volvió a poner en el centro del debate el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y adquirió un fuerte significado simbólico para el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella.

Los exdirector y exsubdirector de la UNGRD fueron trasladados este martes 6 de octubre desde la Cárcel y Penitenciaría para Miembros de la Fuerza Pública, ubicada en el Cantón Militar de Puente Aranda, luego de que el Inpec expidiera la Resolución 008041.

La decisión fue presentada por el presidente como una demostración de su política contra los privilegios penitenciarios. “Se acabó la guachafita y se acabaron los privilegios”, manifestó De la Espriella al divulgar imágenes de López y Pinilla esposados durante el procedimiento.

El mandatario recordó que el escándalo involucró recursos destinados a atender algunas de las necesidades más urgentes de la población, entre ellas llevar agua a comunidades vulnerables, atender emergencias y apoyar a familias damnificadas.

“Aquí nadie tiene corona y nadie está por encima de la ley”, sostuvo De la Espriella, quien aseguró que durante su Gobierno no habrá “cárceles VIP” ni pabellones diseñados para favorecer a determinados detenidos.

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El escándalo que sacudió a la UNGRD

López y Pinilla se convirtieron en protagonistas del entramado de corrupción descubierto en la UNGRD, inicialmente alrededor de las irregularidades en la compra de carrotanques para llevar agua potable a La Guajira y que posteriormente condujo a investigaciones sobre contratos, presuntos sobornos y el supuesto direccionamiento de recursos públicos.

Ambos decidieron colaborar con la justicia y sus testimonios permitieron ampliar las investigaciones hacia exfuncionarios y dirigentes políticos. En el caso de Pinilla, un juez aprobó un preacuerdo con la Fiscalía y lo condenó a cinco años y ocho meses de prisión por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.

Precisamente esa condición de colaboradores es la que explica por qué permanecían recluidos en instalaciones militares. Decisiones judiciales anteriores habían considerado que existían riesgos para su seguridad debido a la información entregada y a las personas involucradas en las investigaciones.

Defensas advierten riesgo para sus vidas

Luis Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla, solicitó dejar sin efectos el traslado y sostuvo que existe una orden judicial vigente para que su defendido permanezca recluido en un establecimiento militar debido a su condición de testigo y los riesgos derivados de su colaboración con la justicia.

La defensa de Olmedo López formuló reparos similares. Según su abogado, la Fiscalía certificó el pasado 3 de octubre que el exdirector continúa siendo testigo de cargo en procesos judiciales y que el riesgo derivado de su cooperación no ha desaparecido.

En el caso de Pinilla, las decisiones de protección tienen antecedentes desde 2024. Un juez consideró entonces que su colaboración podía poner en peligro su vida debido al poder de algunas de las personas presuntamente involucradas en la trama investigada. Posteriormente, al ser condenado en 2025, otra decisión judicial dispuso que permaneciera en una guarnición militar por su nivel de riesgo.

Así, el traslado que el Gobierno presenta como símbolo del fin de los privilegios abre al mismo tiempo una discusión sobre los límites de las decisiones administrativas frente a las garantías concedidas por los jueces a quienes colaboran con la justicia.