Los informes de inteligencia de la Fuerza Pública encendieron las alarmas de la seguridad nacional al revelar que el país ya supera los 440 ataques con drones cargados de explosivos en diversas regiones del territorio colombiano. El incremento exponencial en el uso de estos dispositivos por parte de grupos armados al margen de la ley ha transformado las dinámicas del conflicto, marcando una peligrosa escalada táctica que pone en jaque la efectividad de las patrullas terrestres y la protección de la población civil.

De acuerdo con los análisis técnicos adelantados por los organismos de seguridad, una porción significativa de los dispositivos interceptados o derribados corresponde a tecnología comercial de origen chino, modificada artesanalmente para transportar y lanzar cargas altamente destructivas. La facilidad de adquisición en el mercado civil, sumada a las adaptaciones de bajo costo para evadir los controles convencionales, ha permitido a las estructuras criminales consolidar un brazo aéreo no tripulado capaz de golpear instalaciones militares y estaciones de policía con un alto nivel de precisión.

Las zonas más golpeadas por esta modalidad delictiva se concentran en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y la región del Catatumbo, donde frentes de las disidencias de las FARC y del ELN emplean la guerra con drones para contrarrestar las ofensivas de la Fuerza Pública.

Ante el creciente riesgo que supone esta amenaza asimétrica, el Ministerio de Defensa y los altos mandos militares aceleran la adquisición e implementación de sistemas de inhibición de señal, escudos antidrones y tecnología de contramedidas electrónicas para blindar los cantones y restablecer el control del espacio aéreo en las zonas rurales golpeadas por el conflicto.