La emblemática Chevrolet Silverado, pieza clave de la colección de objetos del Cartel de Medellín, se convirtió en el centro de un conflicto judicial entre los herederos de la familia Escobar tras la intervención estatal en la Casa Museo de Roberto Escobar.

Lo que durante años fue un símbolo del poder del Cartel de Medellín, una Chevrolet Silverado roja, ha terminado envuelto en un complejo entramado de disputas legales y familiares. El vehículo, que formaba parte de la colección privada de Roberto Escobar Gaviria, hermano del difunto capo, se convirtió recientemente en el epicentro de un conflicto judicial tras la intervención de las autoridades en el inmueble que funcionaba como museo.

El episodio más reciente de esta controversia ocurrió el pasado 17 de septiembre de 2026. Nicolás Escobar Urquijo, conocido como Máximo Tecra Rossi e hijo de Roberto Escobar, se presentó en una vivienda del barrio Laureles-Estadio junto a la Policía para reclamar la propiedad.

La operación no fue sencilla: debido a las condiciones del lugar, las autoridades debieron desmontar parte de un pasamanos de vidrio y emplear una grúa para extraer la camioneta. Este movimiento se dio tras una decisión judicial favorable a Nicolás, marcando un nuevo capítulo en la repartición de los bienes que sobrevivieron al proceso de extinción de dominio.

El fin de la “Casa Museo” y la intervención de la SAE

El origen de este conflicto se remonta a la extinción de dominio de la llamada Casa Museo Roberto Escobar Gaviria, ubicada en el sector de La Asomadera, sobre la vía Las Palmas. El inmueble, con un avalúo superior a los 6.115 millones de pesos, fue incautado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras confirmarse que su origen era ilícito.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación reveló que la propiedad había estado vinculada inicialmente a Pablo Escobar y posteriormente a sus hermanas, Marina y Gloria Escobar. Asimismo, se cuestionó la capacidad económica de la antigua propietaria, Gilma Aidée Urdinola Ospina, quien no pudo acreditar los recursos para adquirir un predio de tal magnitud.

La intervención de la SAE no solo buscaba recuperar activos, sino también frenar el fenómeno del narcoturismo. La entidad estatal ha sido enfática en cuestionar la transformación de la historia del narcotráfico en un atractivo turístico, señalando los riesgos sociales que esto conlleva.

Con la recuperación del predio, el museo ha dejado de existir como tal. En un giro hacia la responsabilidad social, la SAE entregó el inmueble, mediante convocatoria pública, a una fundación dedicada al bienestar de niños y adolescentes. De este modo, el lugar busca transitar de ser un santuario de objetos ligados al crimen a convertirse en un espacio de impacto social positivo.