El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció este lunes estrictas medidas contra la “gran minería criminal” tras conocerse una alarmante denuncia sobre la explotación ilegal de oro en un predio de 13.000 hectáreas en Nóvita, Chocó. El caso, que involucra la operación de más de 100 retroexcavadoras y presuntos vínculos con la financiación de campañas políticas, reaviva el debate sobre el control territorial y ambiental en la región.

La alerta fue emitida por Jesús Carmelo López Benítez, propietario de los terrenos ubicados en el corregimiento de San Lorenzo. López Benítez aseguró que su finca fue usurpada por terceros que operarían bajo la protección del Clan del Golfo, estructura armada que habría facilitado la ocupación y el desplazamiento forzado del dueño original. Según su relato, la magnitud del daño no solo se refleja en la extracción aurífera, sino en una severa crisis ambiental que ha desviado fuentes hídricas, deteriorado los suelos y dejado a las comunidades locales sin acceso a agua potable.

Uno de los aspectos más sensibles de la queja radicada ante la Fiscalía es la presunta conexión entre estas rentas ilícitas y el ámbito político. El denunciante señaló a Jenaro Murillo Arboleda, dirigente político con aspiraciones a la Gobernación del Chocó para 2027, de estar vinculado a la explotación sin los permisos correspondientes. Además, advirtió que el dinero obtenido podría haber financiado proyectos electorales en 2026, solicitando a las autoridades investigar el lavado de activos, el concierto para delinquir y el enriquecimiento ilícito.

Desde un helicóptero Mi-17 durante un sobrevuelo por la zona, Lara compartió un reportaje periodístico y enfatizó que el Ejecutivo presentará un Estatuto Antiterrorista la próxima semana en el Consejo de Política Criminal para combatir estas mafias. Paralelamente, la denuncia cuestiona la inacción de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), acusada de omitir sus funciones de vigilancia frente a la evidente intervención de maquinaria pesada en el territorio.

Aunque el Gobierno Nacional no ha abierto una investigación específica sobre este predio, el expediente de las 13.000 hectáreas queda en manos de las autoridades judiciales. Estas deberán esclarecer quién controla realmente la extracción, el destino de las ganancias y si existe una relación probada entre el oro ilícito y las campañas políticas mencionadas. Por ahora, el propietario exige la adopción de medidas cautelares inmediatas para frenar el avance del desastre ecológico en el Chocó.