El Departamento de Estado de Estados Unidos desestimó el recurso de inmunidad solicitado por Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, al reiterar que no los reconoce como presidente y primera dama de Venezuela desde 2019. Ambos enfrentan un juicio en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas, tras ser capturados en un operativo militar en Caracas el pasado 3 de enero.

A través de un comunicado difundido por el abogado venezolano Nizar El Fakih, la Fiscalía estadounidense fundamentó su posición en las “fraudulentas elecciones presidenciales orquestadas por Maduro en 2018”. Al no ostentar el cargo de jefe de Estado legítimo, el gobierno norteamericano concluye que no existe base legal para otorgarles el blindaje diplomático.

Además, el ente acusador añadió un segundo argumento contundente: los imputados incurrieron en conductas dirigidas a eludir la legislación, tanto internacional como interna de Venezuela, al participar en el tráfico de cocaína y armas. Por esta razón, se establece que tampoco pueden invocar inmunidad basada en supuestos actos oficiales, cerrando así una vía clave de defensa.

El juicio en Nueva York y la captura en Caracas

Con estos argumentos sobre la mesa, la Fiscalía solicitó formalmente al juez Alvin Hellerstein que deseche los planteamientos de los acusados y permita que el caso continúe su curso. Los cargos contra la pareja fueron presentados originalmente en 2020, mucho antes de su detención.

La captura se materializó hace meses en Fuerte Tiuna, durante una operación militar estadounidense que se saldó con más de un centenar de muertos. Actualmente, Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, a la espera de los avances procesales en suelo norteamericano.

La sucesión política en Venezuela

Mientras el caso judicial avanza en Estados Unidos, la situación política en el país caribeño ha tomado un nuevo rumbo. Tras la extracción de Maduro, Delcy Rodríguez, quien ejercía como vicepresidenta, asumió el cargo de presidenta encargada. Aunque Rodríguez criticó inicialmente el operativo militar, se declaró dispuesta a iniciar una nueva etapa de cooperación y diálogo con Washington, marcando un cambio en las relaciones bilaterales.

La decisión final sobre la inmunidad recae ahora en el juez Hellerstein. Si acoge la petición de la Fiscalía y del Departamento de Estado, el proceso por narcotráfico y terrorismo continuará sin el blindaje que buscaba la defensa, consolidando un hito en la política internacional y judicial entre ambas naciones.