El Gobierno nacional puso en marcha una de las principales medidas de protección al empleo para las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto: un aporte equivalente al 40 % de un salario mínimo legal mensual vigente de 2026 por cada trabajador elegible. El beneficio está dirigido a micro y pequeñas empresas y a personas naturales empleadoras damnificadas por la emergencia, y busca contribuir al sostenimiento de los puestos de trabajo durante la etapa de recuperación.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1417 de 2026 y podrá otorgarse hasta por seis ciclos. El Gobierno precisó que el acceso al apoyo estará condicionado al cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa y, especialmente, al mantenimiento del vínculo laboral con los trabajadores beneficiarios. De esta manera, el aporte pretende respaldar a los pequeños empleadores que enfrentan dificultades económicas como consecuencia de los daños ocasionados por el sismo.

El mecanismo hace parte de un paquete de medidas extraordinarias adoptadas para evitar que las consecuencias de la emergencia se traduzcan en una pérdida permanente de empleos e ingresos. El apoyo a la nómina busca que las empresas puedan mantener a sus trabajadores mientras avanzan los procesos de recuperación de las actividades económicas en los territorios afectados.

El decreto también contempla una protección económica para trabajadores dependientes e independientes que hayan quedado cesantes y sean damnificados por el terremoto. En estos casos, se establece un apoyo equivalente en total a 0,5 salarios mínimos, que será entregado mediante dos giros mensuales consecutivos.

A estas medidas se suman disposiciones temporales relacionadas con el retiro parcial de cesantías, las vacaciones y los trámites para la suspensión de actividades. El propósito es ofrecer alternativas tanto a trabajadores como a empleadores frente a las dificultades generadas por la emergencia, procurando preservar los derechos laborales durante el proceso de recuperación.

La ministra del Trabajo, Natalia López, señaló que el objetivo es respaldar a las familias damnificadas y ayudar a los pequeños empleadores a conservar los puestos de trabajo. Con estas disposiciones, el Gobierno incorpora la protección del empleo y la recuperación de los ingresos como parte de las acciones extraordinarias adoptadas después del terremoto del 10 de agosto.