La Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción (Dijín) realizó una inspección en la antigua sede del Movimiento Polo Democrático Alternativo, ahora ocupada por el Pacto Histórico, con el objetivo de recopilar documentos y registros contables que arrojen luz sobre la financiación de la consulta interna de octubre de 2025. La investigación se enmarca en la indagación de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, que ya ha abierto un proceso contra el senador Iván Cepeda Castro por posibles irregularidades en la campaña que lo llevó a la candidatura presidencial.

Según la Fiscalía, los agentes de la Dijín se centraron en documentos, cuentas y soportes financieros vinculados a la consulta interna que contó con la participación de Cepeda y la candidata Diana Carolina Corcho. El objetivo es determinar si la información reportada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) corresponde realmente a los financiadores de la campaña y si hubo desviaciones en el manejo de los recursos.

El procedimiento contó con el aval previo de un juez de control de garantías, lo que garantiza la legalidad de la inspección. La Fiscalía pretende establecer la veracidad de los aportes reportados y la existencia de posibles irregularidades en la gestión de los fondos.

El Pacto Histórico, una coalición sin personería jurídica propia, registró la consulta interna bajo el paraguas legal del Polo Democrático, que ya no existe. La campaña de Cepeda y Corcho ha sido objeto de denuncias y controversias desde su inicio. En enero, el exconcejal Juan Martín Bravo solicitó al CNE investigar posibles irregularidades en la financiación, centrándose en $725 millones de un total de $964 millones registrados en los reportes de la campaña.

Los montos en cuestión se relacionan con Samat Publicidad S.A.S. ($609 millones) y su representante legal, Javier Antonio Pérez Páez ($116 millones). La duda principal es si se trató de donaciones, créditos o servicios prestados a la campaña y si estos recursos estaban pendientes de pago.

El CNE cerró el caso a principios de mes, concluyendo que no se había demostrado que Samat o Pérez hubieran hecho donaciones. Sin embargo, las versiones sobre estos recursos siguen divergentes. Pérez afirmó que se trataba de un servicio de publicidad en especie aún pendiente de pago, mientras que el gerente de campaña, Saúl Garzón, sostuvo que se trataba de un crédito que se pagaría con la reposición de votos.

La normativa electoral prohíbe recaudar contribuciones y donaciones individuales superiores al 10 % del valor total de la campaña. En el formulario presentado al CNE, los montos se registraron bajo la categoría “Relación de contribuciones o donaciones de los particulares”, aunque Garzón insistió en que el formulario también incluye créditos. La pregunta clave es si los recursos fueron realmente los que las campañas reportaron y si se cumplieron los límites legales.

La campaña de Corcho rechazó los señalamientos, afirmando que “la totalidad de los gastos ejecutados objeto de reposición, así como las donaciones y aportes, fueron registrados de manera íntegra y oportuna en la plataforma”. A la luz de la inspección, la Fiscalía continuará revisando los documentos encontrados y determinará si existen pruebas de irregularidades.

La Corte Suprema, por su parte, seguirá su proceso de indagación para establecer si hubo violaciones en la financiación de la consulta interna que definió a Cepeda como candidato presidencial. La investigación se mantiene en curso, y se espera que la Fiscalía emita un informe preliminar en las próximas semanas.