El presidente Abelardo De La Espriella selló esta semana el punto final al cerrar las 12 mesas de diálogo que dejó abiertas su antecesor, mediante resoluciones que revocaron la designación de voceros, gestores y representantes del Estado en cada uno de los procesos.

¿En qué se gastó la “paz total”?

Los recursos se distribuyeron en dos grandes bloques. $107.572 millones se destinaron a negociaciones políticas con grupos guerrilleros y disidencias, mientras que $17.601 millones se orientaron a conversaciones sociojurídicas con estructuras criminales urbanas, desde los Shottas y Espartanos de Buenaventura hasta los Costeños de Barranquilla y el Clan del Golfo.

Dentro del primer rubro, el transporte aéreo y los esquemas de seguridad de los delegados concentraron $43.180 millones: $21.979 millones en vuelos y $21.200 millones en protección. La geografía de la “diplomacia” incluyó La Habana, Ciudad de México, Caracas y, sobre todo, Doha (Catar), donde se realizaron dos rondas con el Clan del Golfo que comprometieron cerca de $20.000 millones.

La estructura de negociaciones también demandó una abultada nómina. Los honorarios de voceros, negociadores y representantes superaron los $25.000 millones en conjunto, con pagos que desataron críticas por sus montos. Entre los contratos más llamativos figuran los de Parmenio Cuéllar, quien recibió $474 millones por su papel en la mesa con la Segunda Marquetalia; Gloria Cecilia Quiceno, con $341 millones, y el líder indígena Feliciano Valencia, con $117 millones.

A esto se sumaron $14.282 millones en logística para sostener las mesas, $12.146 millones para la participación de la sociedad civil y $9.164 millones para el Comité Nacional de Participación. La infraestructura territorial tampoco escapó al despilfarro: de las cinco Zonas de Ubicación Temporal proyectadas, solo funcionó la del Valle del Guamuez, en Putumayo, con un costo de $1.043 millones.

El resultado político fue tan magro como el financiero. La mesa con el ELN, emblemática de la estrategia, permanecía suspendida desde enero de 2025, luego de que el propio gobierno Petro la congelara tras la ofensiva de esa guerrilla en el Catatumbo. El entonces comisionado de Paz, Otty Patiño, había llegado a calificar esos espacios como “cada vez más difíciles”.

Con las Resoluciones 390 y 391 de 2026, De La Espriella oficializó el cierre de los procesos con el Clan del Golfo y el ELN, y desmontó las conversaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frentes, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y los Comuneros del Sur. En total, más de una docena de resoluciones retiraron el reconocimiento a 70 personas vinculadas como voceros o gestores de paz.

La administración De La Espriella marcó distancia desde el primer día. Su enfoque frente a las organizaciones criminales se apoya en seguridad, autoridad y justicia, y contempla un estatuto antiterrorista que será radicado ante el Congreso. El Ejecutivo también prepara exigencias de sometimiento a cabecillas como “Pinocho”, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

En paralelo, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, al considerar que la decisión de Petro excedía los límites legales. La discusión, por tanto, va más allá de los $125.174 millones ejecutados: el interrogante es qué dejó una inversión tan cuantiosa en un país donde, según los reportes de seguridad, los grupos criminales crecieron cerca de un 90% durante el mismo periodo.