José Moreno, abogado de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), pidió a las autoridades investigar si las declaraciones entregadas bajo reserva por su defendido fueron filtradas a medios de comunicación durante el proceso judicial por el escándalo de corrupción en esa entidad.

El defensor aseguró que un medio de comunicación, cuya identidad no reveló, le formuló tres preguntas relacionadas con el contenido de las declaraciones de López. Según Moreno, el contenido de esos interrogantes genera dudas sobre el origen, la trazabilidad, la integridad y el contexto de la información que habría llegado a terceros.

Moreno sostuvo que, si se trataba de información sometida a reserva, corresponde a las autoridades determinar quién tuvo acceso a ella, cómo pudo ser extraída y de qué manera terminó en manos de particulares. También pidió establecer si el contenido fue filtrado, manipulado o editado para construir versiones diferentes de los hechos investigados.

El abogado fundamentó su reclamo en las normas de la Ley 906 de 2004 relacionadas con la autenticidad, integridad y cadena de custodia de los elementos materiales probatorios. Recordó además que la Corte Suprema de Justicia ha señalado la importancia de preservar esa cadena para evitar alteraciones, modificaciones, suplantaciones o falseamientos de la evidencia.

Para Moreno, una eventual irregularidad en el manejo de la información no implica automáticamente que una prueba deba ser excluida del proceso, pero sí podría afectar aspectos como su autenticidad, credibilidad o fuerza demostrativa. Por ello, insistió en que cualquier circunstancia relacionada con las declaraciones de su defendido debe ser esclarecida dentro de la investigación y no a través de filtraciones a los medios.

Olmedo López es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, dentro del proceso por el entramado de corrupción en la UNGRD. La Fiscalía lo señala, entre otros hechos, de haber favorecido la contratación para el suministro de 40 carrotanques destinados a comunidades indígenas de La Guajira, por un valor de $48.600 millones.

Según las investigaciones citadas en el proceso, López habría recibido $724 millones a cambio de favorecer ese contrato y permitir que terceros se apropiaran de $13.340 millones. También es señalado por su presunta participación en otro contrato, superior a los $29.000 millones, para adquirir 40 carrotanques pequeños destinados a una corporación mixta indígena, operación en la que el contratista habría obtenido $11.114 millones.