En un escenario económico marcado por crecientes presiones de gasto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha encendido las alarmas sobre el grave deterioro que sufrirán las finanzas públicas de Colombia en 2027, último año de aplicación de la cláusula de escape de la regla fiscal. El organismo técnico, tras analizar la actualización del Plan Financiero y el nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para ese año, advierte que el país se aleja drásticamente de la senda de consolidación fiscal y enfrenta un desafío de corrección de una magnitud sin precedentes recientes.

El punto crítico radica en el déficit primario, que tanto el Gobierno como el Carf proyectan ahora en un 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2027. Esta cifra representa un deterioro abismal frente al 0,5% del PIB previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 y se acerca peligrosamente al escenario “inercial” de 4,3% que el propio Comité había anticipado. Además, supone un retroceso de 1,2 puntos porcentuales del PIB respecto al déficit proyectado para 2026 (3,3%).

Este panorama se configura después de un proceso presupuestal turbulento. Tras la devolución del proyecto inicial por parte de las Comisiones Económicas del Congreso –una decisión no vista desde 2003–, el Gobierno radicó una nueva propuesta que ascendió a $635 billones, $59,2 billones más que la primera versión. Este incremento incorpora mayores necesidades de gasto en salud, pensiones, nómina pública, subsidios de energía y gas, universidades y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Financiación con más deuda y riesgos latentes

Para financiar este mayor gasto en un contexto de menores ingresos corrientes, el nuevo proyecto apela significativamente al endeudamiento. Los recursos de capital, principalmente deuda interna y externa, aumentan un 59,6%. Esto proyecta un déficit total cercano al 10% del PIB y eleva la deuda neta del Gobierno Nacional Central a aproximadamente 67,3% del PIB, rozando el límite establecido por la Regla Fiscal.

El Carf identifica riesgos adicionales que podrían ampliar aún más el déficit:

• Salud: Los recursos programados serían inferiores en cerca de $8,2 billones (0,4% del PIB) a las necesidades estimadas.
• Pensiones: Persisten incertidumbres sobre los recursos necesarios para el régimen público.
• Subsidios de energía y gas: Podrían verse presionados por un eventual fenómeno de El Niño.
• Emergencia del terremoto: Su impacto fiscal aún no está plenamente cuantificado en el escenario.

La gravedad de la situación se agudiza porque el deterioro ocurre en 2027, justo antes de que Colombia deba retornar al mecanismo paramétrico de la Regla Fiscal en 2028. El Carf calcula que, para estabilizar la deuda en el nivel proyectado del 67,3% del PIB, el país necesitaría generar un superávit primario superior al 2% del PIB en 2028. Lograr este giro desde un déficit del 4,5% representa un viraje fiscal de más de 6,5 puntos del PIB, una titanica tarea que el Comité insiste no puede depender de medidas transitorias o aplazamientos.

Por ello, el organismo hace un llamado urgente a definir e implementar una estrategia de consolidación fiscal estructural, convincente y permanente, con medidas tanto en el lado de los ingresos como del gasto. El Gobierno ha anunciado un ajuste equivalente al 2,2% del PIB, concentrado en dos terceras partes en el gasto. Sin embargo, el Carf enfatiza que “las medidas necesarias para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas, un principio constitucional y un bien público, no pueden seguir postergándose”.

La credibilidad de la política fiscal y la capacidad del país para enfrentar futuros choques económicos dependen de las decisiones que se tomen en los próximos meses, las cuales requerirán la aprobación del Congreso y la participación responsable de todos los actores institucionales y de la sociedad.