El Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela presentada por Jorge Andrés Carrillo Cardoso, lo que confirma la nulidad de su elección como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). La decisión, adoptada este miércoles 9 de septiembre de 2026, cierra la puerta a su regreso inmediato a la dirección de la empresa y valida la sentencia previa de la Sección Quinta de la misma corporación.

El alto tribunal determinó que la solicitud del exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) no superó el requisito de relevancia constitucional. En su providencia, la corporación señaló que la tutela no puede utilizarse como una instancia adicional para reabrir debates jurídicos ya resueltos. “Declarar improcedente la solicitud de tutela interpuesta por Jorge Andrés Carrillo Cardoso en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, por no superar el requisito de relevancia constitucional”, reza el fallo.

Antecedentes de la nulidad en ISA

La polémica se originó el 26 de febrero de 2026, cuando la Sección Quinta anuló la designación de Carrillo. La determinación obedeció a irregularidades en el proceso de selección, específicamente por modificaciones a los criterios técnicos empleados para evaluar a los aspirantes. Tras ese revés judicial, el empresario acudió a la tutela alegando la vulneración de sus derechos fundamentales, incluido el derecho a ser elegido.

En su defensa, el exdirectivo cuestionó la competencia de la Sección Quinta, la interpretación de las normas aplicables a ISA y la valoración de las pruebas procesales. Asimismo, objetó la orden de retomar el procedimiento de selección desde una etapa previa bajo las condiciones originales. No obstante, el Consejo de Estado concluyó que estos cuestionamientos corresponden a asuntos jurídicos y probatorios ya analizados en el proceso ordinario.

Al mantenerse firme la nulidad, el proceso de selección para la presidencia de ISA deberá reconstruirse desde cero, respetando las reglas inicialmente establecidas. La decisión no solo afecta la estabilidad directiva de la compañía, sino que también generó repercusiones políticas. Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín, reaccionó en la red social X: “ISA no es botín político ni refugio de hojas de vida parcheadas. Medellín tiene patrimonio en esa compañía y vamos a seguir vigilando que no la secuestren”.

Cabe recordar que la acción de tutela busca proteger derechos fundamentales frente a vulneraciones o amenazas. Sin embargo, cuando se interpone contra decisiones judiciales, su procedencia exige requisitos estrictos, como la existencia de una relevancia constitucional que justifique la intervención de la corte. En este caso, al no cumplirse dicho requisito, el Consejo de Estado optó por no entrar a estudiar de fondo la petición de Carrillo para dejar sin efectos la sentencia que anuló su elección.