La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, se pronunció sobre las recientes decisiones judiciales que establecieron límites a las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública cuando exista información sobre la presencia de menores de edad en los objetivos militares. La funcionaria sostuvo que los niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados son víctimas y deben ser protegidos por el Estado, pero advirtió que esa obligación no puede traducirse en dejar de combatir a las organizaciones responsables de incorporarlos a sus filas.

“La niñez debe ser protegida del criminal, nunca convertida en la protección del criminal”, afirmó Restrepo, al señalar que detrás del reclutamiento de menores existen, entre otros factores, amenazas, engaños, presiones y situaciones de vulnerabilidad que facilitan su llegada a campamentos de grupos armados. Para la directora del ICBF, la respuesta institucional no puede concentrarse únicamente en lo que ocurre cuando un menor ya se encuentra dentro de una estructura ilegal.

Restrepo planteó que la discusión debe comenzar mucho antes de una operación militar. “La pregunta verdaderamente importante es anterior, ¿cómo llegó ese menor hasta allí? ¿Quién lo reclutó? ¿Quién sabía que estaba en riesgo? ¿Qué alertas existían? ¿Dónde falló el Estado? ¿Por qué el criminal llegó primero?”, cuestionó. En ese sentido, sostuvo que abordar la protección de los menores únicamente en el momento de un bombardeo supone “llegar tarde” frente a un fenómeno que requiere acciones preventivas.

La directora del ICBF señaló que una de las principales tareas del Estado debe ser anticiparse a los territorios donde existe riesgo de reclutamiento, atender oportunamente las alertas y comprender el funcionamiento de las redes utilizadas por los grupos armados para incorporar menores. Según su planteamiento, la protección de la niñez debe combinar medidas de prevención y respuesta institucional con acciones dirigidas contra quienes promueven y ejecutan el reclutamiento.

Las declaraciones se producen después de dos decisiones judiciales conocidas en los últimos días. El Juzgado 34 de Familia de Bogotá y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare ordenaron suspender operaciones ofensivas cuando exista información sobre la presencia de menores, hasta que se adopten las medidas necesarias para protegerlos y se determine que no existe una alternativa menos lesiva. Las decisiones fueron emitidas luego de que cuatro menores murieran durante operaciones militares: tres en Guaviare, el 27 de agosto, y otro adolescente de 16 años, en el Catatumbo, el 10 de agosto.