El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que apelará el fallo judicial que ordena suspender las operaciones de bombardeo cuando exista información sobre la presencia de menores de edad o adolescentes reclutados por grupos armados ilegales en las zonas de intervención. La decisión generó reparos dentro del Ejecutivo, que considera que el criterio establecido por el tribunal podría limitar el desarrollo de operaciones contra estas estructuras.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que los fallos judiciales deben ser respetados, aunque señaló que también pueden ser objeto de crítica. El funcionario cuestionó el alcance del concepto de información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de menores, al considerar que se trata de un estándar demasiado amplio para las necesidades operacionales de las Fuerzas Militares.

“¿Qué significa, en términos operacionales, ‘razonablemente verificable’? ¿Un indicio? ¿Una fuente?”, planteó Lara, quien sostuvo que, en un contexto en el que los grupos armados reclutan y utilizan menores, ese criterio podría dificultar el uso de bombardeos aéreos contra sus campamentos.

El ministro afirmó que los menores deben contar con la máxima protección y aseguró que esa será una prioridad del Gobierno. Sin embargo, cuestionó que su presencia en estructuras armadas pueda convertirse, según su interpretación del fallo, en una condición que limite las operaciones militares. Por esta razón, calificó la decisión de “absurda e inconstitucional” y confirmó que será apelada.

La controversia se produce mientras el Gobierno mantiene una ofensiva militar contra diferentes estructuras de las disidencias de las Farc. Durante la administración de De la Espriella se han realizado bombardeos contra grupos vinculados a alias ‘Calarcá’ y contra estructuras bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, en el marco de la estrategia de seguridad implementada por el Ejecutivo.