La Corte Constitucional fijó el 1 de abril de 2027 como fecha definitiva para el inicio del nuevo sistema pensional en Colombia. La decisión retrasa la entrada en vigor prevista inicialmente para julio de 2025 y exige al Congreso corregir ciertos vacíos de trámite en la Ley 2381 de 2024.

Con siete votos a favor y uno en contra, el alto tribunal avaló la mayor parte de la norma, una de las principales apuestas del gobierno de Gustavo Petro. No obstante, determinó que algunos apartes deben regresar a la Cámara de Representantes para completar el procedimiento legislativo. Hasta que se resuelvan estos ajustes, las reglas actuales seguirán aplicándose a quienes cumplan los requisitos para pensionarse.

Tareas del Congreso y apartes a revisar

El legislativo dispone de un plazo de 30 días hábiles, contados desde la notificación de la sentencia, para subsanar los problemas señalados. Las correcciones se enfocan en disposiciones específicas: cuentas de ahorro individual, Pilar Contributivo, régimen de transición, semanas de cotización para mujeres con hijos, fondos generacionales y ciertas normas tributarias. También se revisará el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo y el tratamiento diferencial para grupos poblacionales. Esta revisión no implica retroceder toda la ley; los cambios se limitan estrictamente a los apartes devueltos por la Corte.

¿Cómo funciona el nuevo sistema pensional?

La Ley 2381 de 2024 estructura el modelo en cuatro pilares: Solidario, Semicontributivo, Contributivo y Complementario de Ahorro Individual. Bajo este esquema, Colpensiones administrará las cotizaciones hasta el límite de 2,3 salarios mínimos. Los ingresos que superen ese umbral podrán destinarse al componente complementario gestionado por entidades privadas.

Edades de pensión y régimen de transición

La reforma mantiene intactas las edades mínimas de retiro: 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. La cotización general permanece en el 16 % del ingreso base. Para proteger a quienes ya cuentan con un amplio historial laboral, el régimen de transición ampara a las mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y a los hombres con 900 o más, garantizando que mantengan las condiciones actuales para acceder a sus beneficios.