En la madrugada de este martes, la Casa de Justicia de El Bosque, en el barrio Sevilla, se convirtió en refugio de 103 indígenas de la comunidad Emberá Katío, provenientes de Quibdó y el corregimiento de El 90, Tutunendo. El desplazamiento se produjo tras la muerte de su líder, Luis Ángel Arce, y las continuas amenazas de la guerrilla del ELN, según el gobernador indígena Diego Arce.

Los 36 hogares que se trasladaron a Medellín lo hicieron en busca de protección y atención médica. “Nos asesinaron a nuestro líder y, después de meses de amenazas, otro compañero resultó herido. No teníamos otra opción que ir a la ciudad”, explicó Arce. El herido fue atendido en un hospital de Medellín, lo que evidenció la falta de recursos en su territorio.

El gobernador denunció que las autoridades del departamento de Chocó “interpusieron las denuncias correspondientes, pero estas no fueron escuchadas”. Según Arce, la falta de respuesta institucional ha agravado la vulnerabilidad de la comunidad.

Carlos Arcila, secretario de Derechos Humanos de Medellín, llegó al lugar y anunció la apertura de un proceso integral. “Iniciaremos con un censo, recogeremos las denuncias y elaboraremos una hoja de ruta para garantizar la seguridad de estos indígenas”, afirmó. Los desplazados serán trasladados a la Casa de Etinas, en el barrio Prado, donde se evaluará su situación y se decidirá si se les asigna albergue o se busca una integración con autoridades para su posible retorno.

El Chocó ha sido escenario de conflictos armados durante décadas. La presencia de grupos criminales y la guerrilla del ELN han generado desplazamientos masivos. La comunidad Emberá Katío, que vive en la zona de El 90, ha sufrido repetidas amenazas y ataques, lo que ha llevado a su decisión de buscar refugio en Medellín.

El desplazamiento de más de 100 indígenas a Medellín subraya la urgencia de una respuesta coordinada entre el gobierno nacional, los departamentos y las autoridades locales. La protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas, la garantía de su seguridad y la búsqueda de soluciones duraderas son imperativos.

Para las autoridades, la situación plantea la necesidad de reforzar la presencia policial en zonas vulnerables y de establecer mecanismos de denuncia efectivos. Para las comunidades, la prioridad es la recuperación de su territorio y la restauración de sus derechos ancestrales.