La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó ayer una resolución que ordena la apertura de una investigación formal contra la congresista del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta López, por presunto abuso de función pública. La medida, que se sustenta en los hechos ocurridos el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota de Bogotá, ha provocado una intensa disputa entre la senadora y el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, quien la calificó como “la madrina de los bandidos”.

A través de su cuenta en X, el mandatario de Medellín lanzó una serie de mensajes críticos. En su primer tuit describió a Zuleta como “la madrina de los bandidos” y exigió que el proceso judicial sea expedito. Posteriormente, amplió la acusación, señalando que la senadora se ha convertido en defensora de la mafia y que existen otras averiguaciones en curso. Gutiérrez concluyó con un llamado a “recuperar el principio de autoridad” y a que la ley se aplique sin distinciones.

Horas después, Isabel Zuleta respondió desde la misma plataforma. Argumentó que su presencia en La Picota fue una garantía de paz, solicitada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y que el objetivo era evitar la entrega violenta de un arma que, según la información recibida, se planeaba usar en un homicidio dentro del penal. La congresista sostuvo que estuvo acompañada por defensores de derechos humanos y que nunca intentó interferir en la labor de la Fiscalía.

El caso se inserta en un panorama de creciente tensión entre los sectores que impulsan la paz urbana y quienes denuncian supuestos vínculos con grupos armados. Zuleta, quien lideró la mesa de diálogo con estructuras criminales del Valle de Aburrá, ha sido una figura central en los intentos de conciliación durante el gobierno anterior. La investigación de la Corte, sin embargo, plantea la posibilidad de que su actuación haya sobrepasado los límites legales.

La Corte Suprema continuará con la fase de instrucción, que incluye la toma de testimonios y la revisión de documentos oficiales. Mientras tanto, la polémica ha alimentado un intenso debate en los medios y en las redes sociales, con partidarios de la senadora acusando a sus críticos de perseguirla por su labor pacifista, y opositores señalando la necesidad de salvaguardar la integridad institucional.