El Gobierno peruano anunció este domingo la activación de un estado de emergencia de 60 días en los distritos de Chumpi, Coracora, Pullo, Upahuacho y Carapo, tras el terremoto de 7,2 Richter que sacudió la región de Ayacucho el pasado jueves. La medida, formalizada mediante decreto supremo publicado en El Peruano, autoriza la movilización inmediata de recursos y la coordinación de múltiples ministerios para atender a la población afectada.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el temblor dejó cerca de 500 residentes en situación de vulnerabilidad y tres personas heridas. Los daños materiales incluyen 83 viviendas colapsadas, veinte establecimientos educativos, centros de salud y una serie de infraestructuras públicas como carreteras y puentes. La respuesta del Estado se enfocará en la rehabilitación de la infraestructura dañada y la provisión de asistencia básica a los damnificados.

La gestión de la emergencia será liderada por el Gobierno Regional de Ayacucho y las autoridades locales de los distritos involucrados, bajo la supervisión técnica del Indeci. A su vez, participarán los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Transportes, Defensa, Interior, Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego, Trabajo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social. Cada entidad aportará los insumos y servicios que correspondan a su ámbito de competencia.

Entre los bienes que podrán ser enviados se encuentran medicamentos, equipos médicos, vacunas, alimentos, ropa de abrigo, repelentes y protectores solares. Asimismo, el decreto contempla la entrega de maquinaria, generadores eléctricos, combustibles, materiales de construcción, plantas de potabilización, carpas, toldos y bolsas de dormir. Los servicios gratuitos incluirán atención médica, transporte, logística, almacenamiento y despacho de suministros esenciales.

El financiamiento de todas las acciones provendrá de los presupuestos institucionales de los organismos participantes, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público. “Esta declaratoria nos permite actuar con rapidez y eficacia, garantizando que la ayuda llegue a quienes más la necesitan”, señaló el presidente del Gobierno, Keiko Fujimori, durante una entrevista transmitida en cadena nacional.

El sismo de Ayacucho se produce en un año de alta actividad sísmica en el país. El Centro Sismológico Nacional (CENSIS), dependiente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), registró 568 temblores en 2026, con julio como el mes más activo (115 eventos). Las regiones más afectadas por la actividad sísmica incluyen Arequipa (93 sismos), Lima (67), Ica (56) y Piura (44). El reciente terremoto se suma a otros eventos de gran impacto, como el sismo de 5,4 Richter que sacudió Junín el 18 de julio, dejando cinco fallecidos y la destrucción de decenas de viviendas.

Con la declaración de emergencia, las autoridades buscan acelerar la reconstrucción de la infraestructura dañada y restablecer los servicios básicos en los distritos más golpeados. La población afectada podrá acceder a los centros de acopio instalados en cada localidad, donde se distribuirán alimentos, agua potable y kits de higiene. Además, se habilitarán líneas telefónicas de atención para recibir denuncias y solicitudes de ayuda.

El Indeci mantendrá un mapa actualizado de los daños y la evolución de las labores de socorro, disponible en su página web y redes sociales. Se espera que la coordinación interinstitucional permita reducir el tiempo de respuesta y mitigar el impacto social y económico del terremoto.