El Gobierno de Abelardo De la Espriella ha suspendido la programación de las 20 Emisoras de Paz establecidas tras el Acuerdo de Paz de 2016, reduciendo su contenido exclusivamente a música y eliminando espacios informativos, culturales y de opinión. La medida, implementada en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado, desencadenó un debate de control político en el Congreso, impulsado por el representante Alejandro Toro (Pacto Histórico), quien advierte que la decisión vulnera compromisos estatales derivados del acuerdo con las Farc.

Las emisoras, ubicadas en municipios como Tumaco (Nariño), Buenaventura (Valle del Cauca), Bojayá (Chocó) y San Vicente del Caguán (Caquetá), formaban parte de una red diseñada para fortalecer la comunicación comunitaria en zonas postconflicto. Según datos del Pacto Histórico, más de 460.000 personas dependían de su programación para acceder a información local, espacios de reconciliación y contenidos educativos. Su transformación en estaciones musicales ha generado críticas por limitar el derecho a la información en territorios con histórica exclusión mediática.

El anuncio del Ejecutivo, dado a conocer el 16 de agosto, se enmarca en una serie de cambios en Inravisión (ex RTVC), ahora denominado Sistema de Medios Públicos de Colombia. Entre las medidas destacan la eliminación de franjas noticiosas y de opinión, la revisión de contenidos bajo criterios de “pluralidad e interés público”, y el enfoque en cultura y educación. No obstante, sectores políticos y sociales cuestionan que estas acciones, justificadas como fin de un “aparato de propaganda”, en realidad debiliten la implementación del Acuerdo de Paz.

El representante Alejandro Toro anunció este lunes que citará a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Alexandra Falla, y a la gerente de Inravisión, Ángela María Mora, ante el Congreso. “Esto no responde a vaivenes ideológicos, sino a un acuerdo de Estado surgido del Acuerdo de Paz”, afirmó Toro, subrayando que las emisoras son un pilar para la construcción de paz en territorios marginados. La iniciativa busca esclarecer si la decisión gubernamental incumple obligaciones internacionales y afecta la estabilidad de comunidades en proceso de reintegración.

La polémica gana fuerza en un contexto sensible: el Gobierno De la Espriella ha priorizado ajustes en entidades vinculadas a la política pública, como la revisión de contratos audiovisuales y la solicitud de acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría para auditar Inravisión. Sin embargo, organizaciones sociales advierten que la eliminación de contenidos informativos acentúa la brecha comunicacional en zonas rurales, donde medios comunitarios son vitales para la participación ciudadana.

El Ejecutivo sostiene que los cambios buscan “garantizar neutralidad y transparencia” en los medios estatales, alejándolos de usos partidistas. No obstante, expertos en comunicación señalan que la suspensión de las Emisoras de Paz contradice el Artículo 171 del Acuerdo Final, que establece la creación de espacios mediáticos para “visibilizar realidades locales y promover la reconciliación”.

Municipios como Riosucio (Chocó) y Mesetas (Meta), históricamente aislados por la violencia, perdieron programas que abordaban temas agrarios, derechos humanos y memoria histórica. “Estas emisoras no eran solo radio: eran puentes entre el Estado y comunidades olvidadas”, destacó María Fernanda Correa, investigadora en políticas de paz de la Universidad Nacional.

El debate en el Congreso, previsto para las próximas semanas, determinará si el Gobierno debe revertir la medida o ajustar su estrategia. Mientras, Inravisión enfrenta presión para demostrar que su nueva línea editorial no sacrifica la esencia del Acuerdo de Paz. Con el país en un momento crucial para la implementación del pacto, la discusión trasciende lo mediático: cuestiona el compromiso estatal con la paz territorial y el acceso a la información como herramienta de transformación social.

Mientras tanto, en Ituango (Antioquia) o Puerto Leguízamo (Putumayo), comunidades que vivieron el despojo y la guerra siguen preguntándose cómo seguirán escuchando sus voces en la radio. La respuesta no solo definirá el futuro de 20 emisoras, sino el rumbo de una promesa de paz aún frágil.