La ministra de Educación, Viviane Morales, anunció este lunes una auditoría exhaustiva de los libros y recursos pedagógicos utilizados en colegios y colegios técnicos de Colombia. El objetivo, según la autoridad, es “garantizar que los contenidos respeten los valores familiares y eliminen la influencia de corrientes ideológicas que, a su juicio, distorsionan la formación de los estudiantes”.

• Revisión integral de todos los materiales de primaria y secundaria, incluidos los programas de educación sexual integral.
• Participación activa de los padres, que deberán recibir información clara sobre los temas abordados en el aula.
• Transparencia en el proceso de evaluación, con la publicación de los criterios y resultados en la página oficial del Ministerio.
• Enfoque en valores y principios éticos, alineados con la normativa nacional y la expectativa de los hogares.

En una rueda de prensa, Morales sostuvo que “en los últimos años se ha impulsado una agenda ‘woke’ que introduce conceptos ajenos a la realidad cultural de nuestras familias”. Añadió que el gobierno trabajará para “sacar la ideologización del país” y que “ningún contenido debe implementarse sin el consentimiento de los padres y sin considerar la edad de los estudiantes”.

La ministra también criticó la falta de información que muchos progenitores tienen sobre los planes de estudio, señalando que “es fundamental que los cuidadores conozcan y supervisen lo que se enseña a sus hijos”. Por ello, el Ministerio de Educación lanzará una plataforma digital donde se podrán consultar los libros, guías y actividades aprobadas.

Desde su nombramiento en julio, Viviane Morales ha centrado su gestión en reforzar la formación en valores dentro del sistema educativo. Su propuesta se inscribe en un debate nacional que ha polarizado a docentes, organizaciones de la sociedad civil y sectores religiosos.

El programa de educación sexual integral (ESI), implementado desde 2015, ha sido uno de los focos de controversia. Mientras algunos sectores lo defienden como una herramienta para la prevención de embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, otros lo acusan de promover una agenda progresista que vulnera la autoridad parental.

Los expertos en educación advierten que la medida, aunque bien intencionada, podría generar retrasos en la distribución de libros y afectar la continuidad académica si no se gestiona con celeridad.

El Ministerio de Educación no ha divulgado un cronograma definitivo, pero confirmó que la primera fase de auditoría comenzará en septiembre, con la publicación de un informe preliminar en diciembre. Asimismo, se abrirá un espacio de consulta pública para que la comunidad educativa aporte observaciones.