Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, fue condenado a 36 meses de prisión por su participación en la expedición irregular de los títulos universitarios obtenidos por Juliana Guerrero.

La decisión fue adoptada por un juez de la República, quien avaló el preacuerdo alcanzado entre Gutiérrez y la Fiscalía General de la Nación. El exfuncionario fue declarado responsable, en calidad de coautor, del delito de falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con la investigación, Gutiérrez autorizó la expedición del diploma y el acta de grado de Guerrero, pese a que ella no habría cumplido los requisitos académicos establecidos para obtenerlos.

¿Qué estableció la investigación?

Según las pruebas incorporadas al expediente, Juliana Guerrero obtuvo títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria en la Fundación Universitaria San José.

La Fiscalía estableció que Guerrero no habría asistido a las clases de los programas académicos ni presentado las pruebas Saber correspondientes. Pese a ello, los documentos que acreditaban la culminación de sus estudios fueron expedidos.

La investigación determinó que Gutiérrez tuvo participación en este proceso al autorizar la expedición de los títulos. Por estos hechos, aceptó responsabilidad dentro del preacuerdo firmado con la Fiscalía, posteriormente aprobado por el juez.

Durante la diligencia judicial, el exsecretario general ofreció disculpas por su actuación y reconoció las consecuencias que el caso generó para la institución educativa.

“Ofrezco unas disculpas públicas por una mala decisión, por una serie de hechos que han afectado a la comunidad académica y a todos sus actores, tanto a los directivos como a los estudiantes, egresados y profesores”, manifestó Gutiérrez.

Las denuncias que pusieron el caso bajo la lupa

Las presuntas irregularidades relacionadas con los títulos de Guerrero fueron reveladas inicialmente por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien ha realizado seguimiento al caso y ha presentado documentos ante las autoridades.

Entre los elementos divulgados por la congresista se encuentran facturas oficiales de la DIAN que, según su denuncia, demostrarían pagos cercanos a 8 millones de pesos relacionados con la obtención de los dos títulos universitarios.

Estos documentos hacen parte de los elementos que han sido puestos en conocimiento de las autoridades para establecer cómo se produjo la expedición de los títulos y quiénes participaron en el proceso.

Fiscalía mantiene abiertas otras investigaciones

La condena contra Gutiérrez no cierra las investigaciones relacionadas con el caso. La Fiscalía continúa revisando otras denuncias sobre posibles irregularidades y busca determinar si existieron más personas involucradas en la expedición de documentos académicos sin el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

El proceso también mantiene la atención sobre los mecanismos internos utilizados por las instituciones de educación superior para verificar el cumplimiento de las obligaciones académicas antes de expedir diplomas y actas de grado.