El Congreso de la República confirmó el nombramiento de Jorge Eliécer Laverde Vargas como Contralor General para el periodo 2026‑2030, con 269 de 279 votos a favor. La elección, celebrada el 12 de agosto, se produce en medio de una serie de controversias que rodean a la figura del abogado caldense, desde la publicación de dos libros en un mismo día hasta denuncias de enriquecimiento ilícito y acusaciones de acoso sexual.

El ascenso al cargo y la polémica inicial

Laverde, exdiputado de Caldas por el Partido Liberal, ha ocupado durante más de una década la Secretaría de la Comisión Sexta del Senado, donde construyó una red de contactos con distintos sectores políticos. Su nombramiento se produjo en un contexto de creciente escrutinio, pues la Comisión VI se encarga de temas de comunicaciones y tecnología, área en la que su esposa, Olga Lucía Ríos Gaitán, fue nombrada asesora del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones bajo la gestión de Karen Abudinen.

El día 5 de febrero, Laverde publicó dos libros con ISBN registrados el mismo día: IA aplicada al control fiscal en Colombia y El control fiscal desde el Congreso. La rapidez de la publicación generó sospechas de una estrategia de autopromoción para el concurso de contralor, especialmente cuando la convocatoria se abrió apenas una semana antes.

Vínculos con el exsenador Mario Castaño

El exsenador liberal Mario Castaño, condenado por el escándalo de “Las Marionetas”, ha sido señalado como un posible aliado político de Laverde. En agosto de 2014, Castaño publicó en X un mensaje que felicitaba a Laverde por su gestión en la Comisión Sexta, aunque el nuevo contralor ha declarado que no mantiene una relación cercana con el exsenador. Ambos comparten el mismo partido y son coterráneos de Caldas, y la familia de Laverde ha mantenido vínculos con familiares de Castaño, lo que ha alimentado la especulación sobre una posible influencia política.

Denuncia de enriquecimiento ilícito

En mayo de 2023, la Fiscalía recibió una denuncia anónima que acusaba a Laverde de haber adquirido cinco inmuebles entre 2014 y 2016, cuatro en Manizales y uno en Manzanares, Caldas. La denuncia también señalaba propiedades de su esposa y su hija María Camila Laverde Ríos, incluyendo un predio en La Dorada y un apartamento en Bogotá registrado a nombre de los tres. La Procuraduría archivó la investigación en noviembre de 2024, concluyendo que no se configuraba una falta disciplinaria, tras verificar los certificados de tradición y la capacidad económica del contralor, que incluye ocho años como diputado y otros ingresos.

Acusaciones de acoso sexual

En 2023, una mujer que trabajaba en la Comisión Sexta denunció anónimamente a Laverde por comportamientos inapropiados, incluyendo acercamientos no consentidos y un episodio de contacto físico sin consentimiento. La denunciante, que dejó de asistir a la comisión, alegó dificultades para recibir el pago de su contrato. El caso fue presentado por la senadora María José Pizarro. Laverde calificó las acusaciones como falsas y afirmó que nunca tuvo contratistas trabajando hasta altas horas de la noche.

La defensa de Laverde, liderada por el abogado Ricardo Gaviria, ha insistido en que las acusaciones carecen de fundamento y que la Procuraduría realizó verificaciones exhaustivas. A pesar de ello, la figura del contralor sigue bajo escrutinio, tanto por parte de la ciudadanía como de los medios de comunicación, que continúan investigando sus vínculos políticos y su historial financiero.

Con la entrada en vigor de su mandato, Laverde deberá demostrar su integridad y capacidad para supervisar el gasto público, mientras la opinión pública y las instituciones de control siguen vigilando de cerca cada movimiento de su carrera. La historia de su ascenso y las controversias que lo rodean plantean un debate sobre la transparencia y la ética en la gestión pública colombiana.