El Ministerio del Trabajo habilitó temporalmente el trabajo remoto para los servidores públicos de sus Direcciones Territoriales de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, así como de la Oficina Especial de Buenaventura, como medida preventiva tras el sismo registrado el pasado 10 de agosto.

La decisión quedó establecida en la Resolución 2635 de 2026 y tendrá vigencia hasta el 24 de agosto, mientras se realizan las inspecciones técnicas y evaluaciones de seguridad de las sedes para determinar si cuentan con las condiciones necesarias para retomar la atención presencial.

Durante este periodo se restringirá de manera preventiva el ingreso a las instalaciones incluidas en la medida. Solo podrá acceder el personal cuya presencia sea considerada indispensable y que cuente con la respectiva autorización.

Atención a la ciudadanía continuará de manera virtual

El Ministerio explicó que la medida busca proteger la vida y la integridad de sus servidores sin afectar la prestación de los servicios a trabajadores y ciudadanos en las regiones donde se aplica.

Por esta razón, las dependencias territoriales deberán mantener habilitados sus canales de atención virtual, telefónica y electrónica, con el propósito de garantizar la continuidad y oportunidad de los servicios mientras avanzan las verificaciones de las instalaciones.

La ministra del Trabajo, Natalia López, señaló que la prioridad de la entidad es garantizar que sus funcionarios puedan desarrollar sus labores en condiciones seguras.

“Nuestra prioridad es proteger a nuestros servidores y garantizar que puedan cumplir sus funciones en condiciones seguras”, afirmó la funcionaria, quien agregó que el Ministerio continuará atendiendo a trabajadores y ciudadanos en los territorios mientras se realizan las evaluaciones de las sedes.

Medida será evaluada después del 24 de agosto

El Ministerio del Trabajo precisó que la habilitación del trabajo remoto tiene carácter excepcional, preventivo y transitorio, por lo que no modifica las condiciones laborales de los servidores públicos.

Una vez finalice el plazo establecido, la entidad evaluará nuevamente las condiciones de las instalaciones. Si persisten las circunstancias que originaron la medida, se determinarán las acciones necesarias para garantizar tanto la seguridad de los funcionarios como la continuidad de la atención a la ciudadanía.