La Contraloría General de la República encontró un posible detrimento patrimonial de $1,16 billones en la implementación de la Paz Total y del acuerdo de paz durante el gobierno de Gustavo Petro. El hallazgo hace parte de un informe de más de 800 páginas, aún no publicado, que revisó por primera vez de manera integral el manejo de los recursos públicos destinados a estas políticas, que superan los $64 billones.

Según el documento, revelado por Noticias RCN, se identificaron 344 hallazgos relacionados con la ejecución del acuerdo de paz y la estrategia de Paz Total. Entre las conclusiones más críticas figuran dineros que no se materializaron, proyectos con niveles mínimos de ejecución y fallas en la gestión contractual que habrían ocasionado la pérdida de recursos públicos.

Uno de los focos de la auditoría fue el rubro destinado al funcionamiento de la política y a las negociaciones con grupos armados. Durante cuatro años se asignaron $668.454 millones para ese propósito. De ese total, $443.000 millones tenían una ejecución definida, mientras que la diferencia frente a los recursos inicialmente previstos superaba los $368.000 millones. La situación se agravó en 2026: de los $306.000 millones asignados para esa vigencia, apenas $46.000 millones alcanzaron la etapa de obligación. En otras palabras, por cada $100 presupuestados para este componente, solo $15 llegaron a esa fase del gasto.

La entidad de control también examinó los programas territoriales que hacen parte de la Paz Total. Uno de los más llamativos es Caminos Comunitarios, una iniciativa destinada a mejorar vías rurales en regiones golpeadas por la violencia. La auditoría encontró que, al momento de la revisión, de cada 100 kilómetros previstos para intervención, ni siquiera uno había sido intervenido. La ejecución de este componente fue del 0 %. El programa fue sometido a un análisis detallado por $48.000 millones, que arrojó 71 hallazgos, entre ellos un posible detrimento patrimonial de $1.513 millones relacionado con obras viales no ejecutadas.

El informe llega en un momento de transición política. Abelardo de La Espriella, quien asumió la presidencia hace menos de tres días, ya adoptó una línea de mano dura frente a los grupos ilegales. Antes de su posesión confirmó el traslado de 117 personas privadas de la libertad consideradas de “alto perfil” y vinculadas a procesos de negociación de paz. En su discurso de investidura anunció que su gobierno expedirá un listado de grupos narcoterroristas y aseguró que la opción del diálogo está “completamente agotada”.

“El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado, bajo el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice. En la era del tigre será contundente y certero contra el crimen”, declaró. Horas después, tras conocer un ataque terrorista en el peaje de Mondomo, en la vía Panamericana entre Cali y Popayán, afirmó que “Colombia no se arrodillará”.

El anuncio de estos hallazgos fiscales coincide así con un giro radical en la estrategia de seguridad del nuevo gobierno, que ha dejado en claro que la prioridad ya no será la negociación política, sino el combate militar. La Contraloría, mientras tanto, deberá definir si los posibles detrimentos encontrados dan lugar a procesos de responsabilidad fiscal contra los funcionarios que manejaron los recursos de la Paz Total.