El organismo de control exige que el nuevo proyecto de gasto sea técnicamente financiado y que cada apropiación cuente con ingresos ciertos.

El 5 de agosto, cinco días antes de la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella, la Contraloría General de la República publicó un informe que alerta sobre la desfinanciación del Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. Según el análisis, el presupuesto se verá afectado por una falta de ingresos que asciende a $30,2 billones, lo que aumentaría la presión sobre la deuda pública y reduciría el margen para impulsar el desarrollo.

La Contraloría identificó que una parte creciente de los recursos se destinará al servicio de la deuda, mientras que los fondos para inversión y funcionamiento se mantienen “prácticamente estancados”. Este desequilibrio, según la entidad de control, “incrementa la presión sobre las finanzas públicas, reduce el margen para impulsar el desarrollo, disminuye los ingresos estimados frente a la vigencia anterior y reduce la participación de los ingresos corrientes”.

Para mitigar estos riesgos, la Contraloría pidió que el PGN 2027 sea “técnicamente financiado, responsable y capaz de cumplir los compromisos del Estado”. Además, reiteró la necesidad de respaldar cada apropiación con ingresos ciertos o ajustar el gasto para preservar la sostenibilidad fiscal.

La advertencia no es nueva. En las revisiones de los presupuestos 2024, 2025 y 2026, la Contraloría también detectó riesgos estructurales en la financiación del PGN y exigió que el presupuesto se sustentara en ingresos reales y no en supuestos. En 2026, la entidad señaló que el “principal riesgo fiscal del proyecto residía en la incertidumbre sobre las fuentes de financiación previstas”, y recordó que el Gobierno había planificado el presupuesto sobre una reforma tributaria que no se materializó.

Entidades con mayor impacto

Entre las entidades con mayor apropiación proyectada para 2027 se encuentran:

• Ministerio de Educación Nacional: $79,03 billones
• Ministerio de Salud y Protección Social: $77,20 billones
• Ministerio del Trabajo: $52,31 billones

El Ministerio de Defensa Nacional registra el mayor incremento, con un aumento del 16,8 %, mientras que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Rama Judicial tendrían reducciones de 3,6 % y 0,6 %, respectivamente.

Recortes y su impacto

El proyecto contempla recortes significativos en varias entidades:

• Fondo Adaptación: reducción de 89,1 % (de $548,673 millones a $60,030 millones)
• Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): reducción de 88,5 % (de $7,05 billones a $812,544 millones)
• Ministerio de Igualdad y Equidad: reducción de 62,4 %
• Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda): reducción de 58,8 %
• Agencia Nacional de Hidrocarburos: reducción de 50,6 %

La Contraloría señala que estos recortes podrían aumentar la dependencia de otras fuentes de financiación y exigir mayor prudencia fiscal, sostenibilidad de las finanzas públicas y suficiencia de los ingresos que respaldan el gasto proyectado.

El organismo también advierte sobre el riesgo de un recaudo inferior al previsto en el Sistema General de Regalías, lo que podría afectar a 1.030 municipios, los 32 departamentos y entidades del orden nacional. La Contraloría explicó que los ingresos del sistema dependen principalmente de la explotación de hidrocarburos y minerales, y una reducción en esos recursos puede generar insuficiencia de caja en entidades territoriales, poniendo en riesgo el pago de contratistas, la ejecución de obras y la prestación de servicios.

La Contraloría concluye que la discusión del PGN 2027 debe orientarse a cerrar la brecha de financiación mediante bases fiscales sólidas, garantizando un presupuesto financiado, sostenible y con capacidad para responder a los compromisos del Estado. El próximo 7 de agosto, el presidente De la Espriella recibirá el proyecto y deberá decidir si se adoptan las recomendaciones de la Contraloría para evitar una crisis fiscal que comprometa el desarrollo del país.