Dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) reconocieron ante la Procuraduría General de la Nación su participación en las irregularidades que rodearon la celebración del cumpleaños de un interno el 8 de abril de 2026, dentro del penal La Paz, en el municipio de Itagüí. La confesión de los guardias Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez David marca un hito en el proceso disciplinario que lleva adelante el Ministerio Público.

Hechos principales

• Evento no autorizado: Cantantes, alimentos y licor fueron introducidos en la cárcel para festejar a un recluso vinculado a los gestores de paz, líderes de bandas del Valle de Aburrá que negociaban la “Paz Total” con el Gobierno nacional.
• Omision de registros: Los guardias no consignaron la entrada de personas ni los materiales en los libros de control, vulnerando los protocolos penitenciarios.
• Confesión y beneficio legal: Al acogerse a la figura de confesión, los funcionarios podrían reducir hasta un 50 % la sanción disciplinaria que les corresponde.

Desarrollo del proceso

Tras la admisión de responsabilidades, la causa avanza a su fase final, que incluye un periodo de juzgamiento de máximo 45 días para que la Procuraduría emita un fallo definitivo. Las posibles sanciones oscilan entre la suspensión, la inhabilidad para ejercer cargos públicos y la destitución del cargo.

El Ministerio Público subrayó que, pese al avance, la investigación no se cierra. Se mantiene la búsqueda de otros funcionarios o directivos que pudieran haber facilitado el ingreso de personal externo, equipos y la organización del evento dentro del establecimiento penitenciario.

Contexto de la “Paz Total”

Los gestores de paz, integrantes de organizaciones criminales que participan en diálogos de desarme y reintegración, han sido protagonistas de varios encuentros con autoridades nacionales. La celebración en La Paz, sin la autorización correspondiente, generó críticas sobre la posible colusión entre el personal penitenciario y los líderes de estas bandas.

Repercusiones y opiniones

• Procuraduría: “La omisión de los registros y la permisividad mostrada por los guardias constituyen graves violaciones a la normativa del INPEC”, declaró el vocero de la entidad.
• Sociedad civil: Organizaciones de derechos humanos exigen una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad en los centros penitenciarios y la aplicación de sanciones ejemplares.
• Gobierno nacional: El Ministerio de Justicia ha anunciado la revisión de los procedimientos internos del INPEC para evitar la repetición de hechos similares.

En los próximos días la Procuraduría definirá la sanción definitiva para Vargas Rubio y Góez David. Simultáneamente, el Ministerio Público continuará interrogando a personal de la cárcel La Paz y a autoridades superiores del INPEC para determinar la cadena de responsabilidades.