El exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, fue condenado a una pena de prisión de 9 años y 9 meses por su participación en irregularidades relacionadas con un contrato para la remodelación de cinco centros de salud durante su administración. La sentencia, dictada por una juez de conocimiento de Bogotá, se basó en las pruebas presentadas por la Fiscalía, que acusó a Caicedo de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

Además de la pena de prisión, el exmandatario deberá pagar una multa equivalente a 4.453 salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2014 y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos durante el mismo período de la condena.

Los hechos que llevaron a la condena están relacionados con un contrato firmado el 20 de agosto de 2014 por un valor de 6.532 millones de pesos entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y una empresa privada para realizar obras de mantenimiento y adecuación en los centros de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz. Según la Fiscalía, Caicedo, en su condición de presidente de la junta directiva de la ESE, impulsó el proyecto a pesar de que no existían estudios previos, licencias de demolición ni conceptos técnicos de viabilidad del Ministerio de Salud, y el proyecto no estaba incluido en el plan anual de adquisiciones de la entidad. Las licencias fueron expedidas tres años después del inicio de las obras.

Las irregularidades provocaron la suspensión de los servicios en varios centros de salud, lo que obligó a trasladar la atención médica temporalmente a inmuebles arrendados y sedes de juntas de acción comunal. Además, las obras nunca fueron terminadas, y el centro de salud de Mamatoco aún permanece inconcluso. La Fiscalía estableció que las presuntas irregularidades ocasionaron un detrimento patrimonial superior a 5.040 millones de pesos, ya que al contratista se le pagaron 4.408 millones de pesos, a pesar de que las obras ejecutadas solo alcanzaban un valor aproximado de 1.570 millones de pesos.

Cabe destacar que esta es una sentencia de primera instancia, por lo que la defensa del exalcalde aún puede presentar los recursos que contempla la ley.