La Contraloría General de la República está investigando una operación de canje de títulos de tesorería (TES) realizada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en octubre de 2025, que aunque redujo el saldo nominal de la deuda interna en el corto plazo, incrementó significativamente el costo de los intereses que deberá asumir el Estado en los próximos años.

Según documentos conocidos por el medio internacional Bloomberg, el Gobierno intercambió $43,4 billones en títulos antiguos por nuevas emisiones por $35,4 billones, lo que representó una reducción inmediata cercana a $8 billones en el saldo de la deuda interna. Sin embargo, la auditoría de la Contraloría concluyó que esa disminución nominal tuvo un costo importante, ya que los nuevos TES fueron emitidos con tasas de entre 11,75% y 12%, lo que aumentó el pago anual de intereses en aproximadamente $316.500 millones.

La investigación también cuestiona que el Gobierno utilizara de forma reiterada títulos con vencimientos inferiores a un año para convertirlos en deuda de largo plazo, una práctica que “transforma instrumentos diseñados para resolver necesidades temporales de liquidez en mecanismos permanentes de financiación”. La Contraloría advierte que estas operaciones “pueden afectar la dimensión intertemporal de la sostenibilidad fiscal”, al incrementar de manera significativa el costo del servicio de la deuda durante los próximos gobiernos.

Para la Contraloría, esa estrategia incluso plantea “cuestiones constitucionales sustanciales”, ya que comprometería recursos de futuras administraciones y reduciría el margen disponible para financiar programas sociales. El principal efecto señalado por el organismo de control es la reducción del llamado espacio fiscal, es decir, la capacidad que tendrán los próximos gobiernos para destinar recursos a inversión social, infraestructura o nuevos programas.

Frente a los hallazgos, el Ministerio de Hacienda defendió la estrategia de manejo de deuda, argumentando que el objetivo del canje era disminuir el riesgo de refinanciación y extender los plazos de vencimiento de la deuda pública. Sin embargo, la Contraloría rechazó esa explicación al considerar que las decisiones de endeudamiento deben evaluarse por sus efectos de largo plazo y no únicamente por los beneficios inmediatos sobre la liquidez del Gobierno.

Como parte de la investigación, el organismo realizó una diligencia de inspección en el Ministerio de Hacienda con apoyo de la Policía Judicial para recopilar información técnica adicional. Además, remitió el expediente a la Procuraduría General de la Nación y a la Inspección General, con el fin de que se evalúen posibles responsabilidades disciplinarias de los funcionarios involucrados. Entre ellos figura Javier Cuéllar, director de Crédito Público, quien lideró las operaciones de manejo de deuda durante ese periodo.