El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar su habitual defensa de personas cercanas a su gobierno que enfrentan procesos judiciales por supuestos delitos contra la administración pública. En una rueda de prensa celebrada este lunes, el mandatario sostuvo que las hermanas Verónica y Juliana Guerrero fueron objeto de intentos de soborno y que, en lugar de culpabilizarlas, deberían denunciar a los empresarios involucrados.

Lo esencial

• Petro afirmó que “buscaron corromperlas” y exigió la devolución de cualquier dinero recibido.
• Juliana Guerrero, quien había sido nombrada delegada del presidente ante la Universidad Popular del Cesar (UPC), renunció al cargo citando las investigaciones en su contra.
• El presidente también reiteró su apoyo a Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, Ricardo Roa, Laura y Andrés Sarabia, y a su esposa Verónica Alcocer, todos ellos vinculados a casos de presunta malversación o irregularidades.

Detalle de los casos

Hermanas Guerrero – Las dos mujeres fueron señaladas por integrar una supuesta red que cobraba sumas millonarias a empresarios a cambio de contratos estatales. La Fiscalía ya radicó un escrito de acusación contra Juliana por falsificación de su título profesional en la Fundación San José. A pesar de ello, Petro sostuvo que “ni Juliana ni su hermana tienen vínculo laboral con el gobierno” y pidió que se investigue a los presuntos corruptores.

Ricardo Bonilla – Exministro de Hacienda y amigo cercano de Petro, Bonilla enfrenta cargos de concierto para delinquir agravado y cohecho vinculados al caso de la UNGRD. El presidente describió al procesado como “preso político” y criticó la falta de diligencia de la Fiscalía al no presentar el escrito de acusación dentro del plazo legal.

Luis Fernando Velasco – El exministro del Interior, actualmente privado de libertad por el mismo escándalo de la UNGRD, también cuenta con la defensa del mandatario, quien lo califica de víctima de persecución política.

Ricardo Roa – Gerente de campaña de Petro en 2022 y actual presidente de Ecopetrol, Roa ha sido señalado por una supuesta financiación irregular de la campaña presidencial y por una serie de escándalos financieros que dejaron a la empresa en rojo durante trece trimestres consecutivos. Petro acusó a “grupos empresariales uribistas” de intentar destituirlo.

Laura y Andrés Sarabia – La excanciller y su hermano fueron objeto de denuncias por presunto tráfico de influencias y uso de recursos privados para acceder a cargos públicos. Petro defendió a Laura, ahora embajadora ante el Reino Unido, argumentando que su estilo de vida “no supera los 70 m²” y que las acusaciones carecen de fundamento.

Verónica Alcocer – La primera dama, cuya vida en Suecia ha sido objeto de escrutinio, también recibió el respaldo del presidente, quien aseguró que no utiliza recursos del Estado y que las críticas son “infundadas”.

Reacción de la oposición y la Fiscalía

Los partidos de oposición y varios medios de comunicación han calificado las declaraciones de Petro como un intento de desviar la atención de los procesos judiciales. La Fiscalía, por su parte, mantiene abiertas las investigaciones y ha reiterado que la justicia seguirá su curso sin interferencias.

Desde su ascenso al poder en 2022, Petro ha adoptado una postura defensiva frente a los escándalos que involucran a su círculo cercano, mientras que los políticos de la oposición son frecuentemente objeto de críticas sin que exista una sentencia firme. Esta estrategia ha generado un debate sobre la imparcialidad del gobierno y la independencia del sistema judicial.

Los próximos meses serán decisivos para determinar si los allegados al presidente enfrentarán sanciones o lograrán la absolución. Mientras tanto, Petro continúa señalando a sus adversarios como responsables de una supuesta campaña de persecución, una narrativa que parece consolidarse como parte de su discurso político.

Con información de El Colombiano