La Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades del sector salud diseñar, en un plazo máximo de 60 días, una estrategia integral que ponga fin al incumplimiento masivo de fallos de tutela por parte de la Nueva EPS. La decisión, que busca proteger el derecho fundamental a la salud, responde a una acción de tutela interpuesta por Salomé Henao González, exgerente regional noroccidente de la entidad, quien acumulaba sanciones por desacatos que ella misma no podía resolver.

El alto tribunal determinó que el plan deberá ser presentado ante los jueces que han emitido órdenes contra la EPS y que han declarado incidentes de desacato por su reiterado incumplimiento. La estrategia, según el fallo, deberá priorizar a los pacientes en grave e inminente riesgo y a los grupos de especial protección constitucional, como niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

“Deberá priorizarse el cumplimiento de los servicios de salud requeridos por pacientes en grave e inminente riesgo, así como los servicios que sean requeridos para la atención de sujetos de especial atención constitucional”, señala la sentencia.

La Sala de Casación Civil también amparó los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad y la dignidad humana de Henao González. La Corte concluyó que las sanciones impuestas en su contra –481 despachos judiciales, 3.853 días de arresto y multas por más de 9.131 millones de pesos– no eran consecuencia de una conducta personal, sino de una crisis estructural de la Nueva EPS que la funcionaria no tenía capacidad de revertir.

Como resultado, la Sala ordenó dejar sin efecto, de manera definitiva, todas las multas, órdenes de arresto y los procesos de cobro persuasivo y coactivo derivados de esos desacatos. La exdirectiva, que enfrentaba un cúmulo de sanciones judiciales, quedó liberada de esas cargas.

El fallo también abre la puerta a otros exrepresentantes legales o funcionarios que hayan sido sancionados por desacatos similares. Ellos podrán acudir ante los jueces que conocen sus respectivos procesos para exponer que los incumplimientos obedecen a la misma falla estructural reconocida por la Corte Suprema.

Sin embargo, el alto tribunal fue enfático en que este reconocimiento no exonera al Estado de su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud. “En últimas, es el Estado interventor de una entidad que él mismo declaró en crisis funcional y financiera quien debe asumir las consecuencias institucionales de esa decisión, garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud ordenados por los jueces constitucionales y procurar el cumplimiento de los fallos de tutela, en acatamiento de los mandatos de orden superior derivados de la Constitución Política de 1991”, advirtió la Sala.

El caso pone en evidencia la profunda crisis que atraviesa la Nueva EPS, una de las aseguradoras más grandes del país, y el impacto que tiene en la vida de miles de usuarios que recurren a la tutela para obtener medicamentos, cirugías o tratamientos. La orden de la Corte Suprema busca, por primera vez, una solución estructural que ataque las causas del problema y no solo las consecuencias individuales.

La estrategia deberá estar lista en dos meses, y los jueces de tutela serán los encargados de supervisar su implementación. Mientras tanto, la atención de los pacientes más vulnerables sigue siendo una prioridad inaplazable.