El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró el 15 de julio de 2026 que su gobierno activará la Ley de Reciprocidad y presentará una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en respuesta al gravamen del 25 % que Washington ha aplicado a productos brasileños. Según la administración, la medida carece de fundamento legal y constituye una acción unilateral que amenaza la relación bilateral.

En un comunicado oficial, Lula calificó la decisión estadounidense como “un precedente negativo” y subrayó que Brasil no reconocerá aranceles basados en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El mandatario citó datos del propio Departamento de Comercio de EE. UU., que revelan un superávit de US$ 424.500 millones en los últimos quince años a favor de Washington. Además, resaltó que en 2025 el 76 % de las importaciones estadounidenses ingresaron al mercado brasileño sin tributar, con una alícuota media real de apenas 3,1 %.

Para contrarrestar el impacto económico, el Ejecutivo lanzó el Plan Brasil Soberano, un programa destinado a proteger empleos y mantener la capacidad productiva nacional mientras se ejecutan las acciones de respuesta comercial. El plan contempla líneas de crédito, asistencia técnica y apoyo a los sectores más afectados por el nuevo gravamen.

Paralelamente, el presidente reiteró el compromiso de diversificar los destinos de exportación. En este sentido, recordó los recientes acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y Singapur, que buscan abrir nuevas rutas comerciales y reducir la dependencia de los mercados norteamericanos.

En el marco de la disputa, Brasil ha presentado pruebas que desacreditan las acusaciones estadounidenses relacionadas con el sistema de pagos PIX, la regulación de plataformas digitales y la política ambiental. Lula defendió el PIX como “un patrimonio del pueblo y una referencia internacional de infraestructura pública digital”. Sobre la normativa de internet, sostuvo que la libertad de expresión no puede ser utilizada como excusa para actividades delictivas. En materia ecológica, afirmó que desde 2023 el país ha intensificado la lucha contra la deforestación, logrando una reducción significativa en todos sus biomas.

El gobierno también destacó la participación activa del sector privado en las audiencias públicas organizadas por la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. De 78 intervenciones, 63 expresaron oposición a los aranceles propuestos, evidenciando un amplio rechazo empresarial a la medida.

Lula concluyó su pronunciamiento vinculando la controversia con la gestión anterior de la familia Bolsonaro, y afirmó que “proteger nuestra soberanía es una obligación que trasciende partidos y tendencias”. La activación de la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad en el Congreso, y la reapertura del caso ante la OMC marcan los próximos pasos de la estrategia brasileña.

Con la combinación de defensa comercial, apoyo interno y búsqueda de nuevos socios, Brasil pretende mitigar los efectos del arancel del 25 % y preservar su posición en el comercio global. La comunidad internacional observará de cerca el desarrollo de este conflicto, que podría redefinir las reglas del intercambio entre América del Norte y Sudamérica.