La defensora del Pueblo, Iris Marín, recordó a Abelardo de la Espriella su obligación con el Acuerdo de Paz, luego de que el presidente anunciara su intención de “desmontar el sistema de impunidad” relacionado con entidades del acuerdo.

En un mensaje dirigido a De la Espriella, Marín destacó que la Constitución establece que todas las autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe lo establecido en el Acuerdo Final, y que sus actuaciones deben guardar coherencia e integralidad con lo acordado.

La funcionaria hizo esta declaración durante la instalación del Congreso Internacional “10 años del Acuerdo de Paz: Entre la Firma y la Realidad”, donde recordó que el Acto Legislativo 02 de 2017 establece que todas las autoridades públicas deben actuar de buena fe frente a lo pactado en el acuerdo y preservar sus principios, compromisos y espíritu.

Marín explicó que esta disposición constitucional seguirá vigente durante el tercer periodo presidencial posterior a la firma del acuerdo, y que aunque el Ejecutivo tiene la potestad de reorganizar la institucionalidad de acuerdo con sus criterios de gobierno, cualquier ajuste debe buscar fortalecer la implementación y no interrumpirla.

La defensora del Pueblo también advirtió que una eventual transición administrativa no puede traducirse en demoras para los programas que actualmente se desarrollan en los territorios más afectados por el conflicto armado, y que la continuidad de la implementación resulta fundamental ante las condiciones de riesgo que todavía enfrentan muchas comunidades y excombatientes.

En cuanto a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, Marín señaló que, aunque ya no hace parte de las extintas Farc, debe responder por los delitos de guerra y de lesa humanidad que le atribuye la justicia. Sobre la pena que deberá cumplir, Marín dijo que ese fue el acuerdo alcanzado y constituye una obligación constitucional, por lo que todas las autoridades, más allá de sus posturas personales, deben respetarlo.

Cabe señalar que Londoño llegó en la mañana de este martes 14 de julio de su viaje a España, donde fue invitado por Izquierda Unida para participar en un seminario en Madrid sobre cooperación entre Europa y la Comunidad de países andinos, además de otras actividades en distintas ciudades españolas, todo enmarcado en la conmemoración de los diez años del Acuerdo de Paz. Según él explicó en X, el propósito era “reafirmar apoyos para la implementación integral del Acuerdo Final y el cumplimiento de las sentencias de la JEP”. Su autorización cubrió del 22 de junio al 11 de julio de 2026. Durante ese periodo debía conectarse virtualmente a una diligencia judicial programada para el 24 de junio, y la JEP le exigió presentarse personalmente en Colombia a más tardar el 14 de julio para certificar su regreso —algo que cumplió esa misma mañana.

Londoño fue condenado en septiembre de 2025, junto a otros seis miembros del antiguo Secretariado de las Farc, en el Macrocaso 1 de la JEP, por hechos de “toma de rehenes, graves privaciones a la libertad y otros crímenes concurrentes” cometidos por la guerrilla. La sentencia de segunda instancia quedó en firme el 1 de julio de 2026 y le imp