El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una indagación preliminar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña a la Alcaldía durante las elecciones territoriales de 2023.

La decisión se originó tras una denuncia presentada por el concejal Angelo Schiavenato, quien sostiene que empresas vinculadas al Grupo Bolívar y Mercantil Colpatria habrían fragmentado sus aportes para evitar superar el límite legal de financiación establecido para las campañas electorales.

En el auto de apertura, el CNE señaló que la investigación busca establecer una posible vulneración de los artículos 13, 14 y 16 de la Ley 130 de 1994, así como de los artículos 20 y 23 de la Ley 1475 de 2011, relacionados con la financiación de campañas políticas.

La denuncia por presunto fraccionamiento de aportes

Según la denuncia, Mercantil Colpatria habría realizado una contribución de 250 millones de pesos a la campaña de Galán, mientras que empresas del Grupo Bolívar habrían aportado otros 100 millones de pesos.

De acuerdo con el concejal denunciante, la distribución de estos recursos habría permitido mantenerse por debajo del límite del 2 % de los gastos máximos autorizados para la campaña, umbral que, de ser superado, impediría a las empresas contratar con la entidad territorial donde el candidato resultó elegido.

El argumento central de la queja también hace referencia a hechos posteriores a la posesión del alcalde. Schiavenato sostiene que meses después la Alcaldía de Bogotá adjudicó al Banco Davivienda la administración de cerca de tres billones de pesos correspondientes al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (Foncep).

Posteriormente, en 2025, Davivienda y Mercantil Colpatria anunciaron su proceso de fusión societaria.

Según el denunciante, al considerar conjuntamente los aportes de las empresas del Grupo Bolívar y de Mercantil Colpatria, hoy integrada con Davivienda, la financiación superaría el límite legal permitido, lo que podría activar las restricciones previstas por la legislación electoral para la contratación pública.

Expediente fue remitido a la Fiscalía y la Contraloría

Como parte de la actuación, el Consejo Nacional Electoral dispuso remitir copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que, dentro de sus respectivas competencias, evalúen la existencia de posibles conductas penales o eventuales afectaciones al patrimonio público.

La apertura de la indagación preliminar no implica una declaración de responsabilidad ni constituye una sanción contra el alcalde Carlos Fernando Galán. Esta etapa tiene como finalidad recopilar pruebas y determinar si existen méritos para iniciar una investigación formal por presuntas infracciones al régimen de financiación de campañas electorales.