A través de la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 014 de 2026 la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el deterioro de la situación de seguridad en la zona rural de Sitionuevo, Magdalena, donde el escenario de riesgo se torna extremo para las comunidades asentadas en la Ciénaga Grande de Santa Marta debido a la expansión y disputa de grupos armados ilegales.

La alerta comprende los centros poblados palafíticos de Nueva Venecia y Buenavista, el corregimiento de Palermo y varias veredas del municipio, donde, según el organismo, confluyen las acciones del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), que avanza desde el Atlántico, y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), además de la reactivación del grupo criminal conocido como “Los Carperos”.

La Defensoría explicó que la ubicación estratégica de Sitionuevo, entre la Sierra Nevada de Santa Marta, el río Magdalena y el mar Caribe, lo convierte en un corredor clave para economías ilícitas y el tráfico de estupefacientes, lo que ha intensificado la confrontación por el control del territorio.

El organismo alertó sobre homicidios con sevicia, desapariciones forzadas y ataques armados registrados durante este año, además de advertir que, de no adoptarse medidas urgentes, podrían incrementarse las masacres, los desplazamientos forzados y los confinamientos de la población civil.

Según el Sistema de Alertas Tempranas, los grupos ilegales han impuesto normas de comportamiento, restricciones a la movilidad fluvial, extorsiones a pescadores, comerciantes y operadores turísticos, e incluso utilizan drones para fortalecer el control territorial. También denunció la expulsión de pescadores de sus zonas tradicionales de trabajo y la ocupación de infraestructuras comunitarias para actividades ilícitas, afectando la seguridad alimentaria y el tejido social.

La Defensoría advirtió que niñas, niños, adolescentes y jóvenes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento y utilización por parte de estas estructuras armadas, mientras que líderes sociales y comunales continúan siendo víctimas de amenazas y señalamientos.

Frente a este panorama, la entidad formuló 15 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y territoriales, entre ellas el Ministerio del Interior, la Armada Nacional, la Policía, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el propósito de fortalecer la respuesta institucional y proteger a las comunidades afectadas.

Finalmente, la Defensoría insistió en que el Estado debe intervenir de manera inmediata bajo un enfoque de seguridad humana para salvaguardar la vida, la integridad y los derechos de los habitantes de Sitionuevo y de las poblaciones que habitan el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta.