El Consejo de Estado ordenó al Gobierno Nacional expedir, en un plazo máximo de tres meses, la Ruta de Atención al Maltrato Animal, un protocolo que permitirá definir cómo deben actuar de manera coordinada las autoridades frente a denuncias por agresiones y vulneraciones contra los animales en Colombia.

La decisión fue adoptada por la Sección Quinta del alto tribunal el pasado 4 de junio, al confirmar un fallo del Tribunal Administrativo de Caldas que había dado la razón a la Personería de Manizales en una acción de cumplimiento presentada por la falta de implementación de esta herramienta, contemplada en la llamada Ley Ángel.

La controversia se originó por el incumplimiento del artículo 24 de la Ley 2455 de 2025, normativa que fortaleció las medidas de protección animal en el país y que estableció la creación de una ruta única de atención para que las diferentes entidades estatales respondieran de manera articulada ante casos de maltrato.

La ley otorgó un plazo de seis meses para poner en marcha este mecanismo, término que venció en octubre de 2025 sin que el Gobierno hubiera expedido los lineamientos correspondientes.

Un protocolo pendiente desde 2025

La Ruta de Atención al Maltrato Animal busca establecer procedimientos claros para la recepción, atención y seguimiento de denuncias. Entre sus componentes deberá incluir canales accesibles y confidenciales para reportar casos, incluso de manera anónima, así como protocolos de reacción inmediata y personal capacitado para atender las situaciones reportadas.

La Personería de Manizales fue la entidad que impulsó la acción judicial tras evidenciar la ausencia de directrices nacionales. Según expuso ante los jueces, durante una audiencia realizada en noviembre de 2025 quedó en evidencia la falta de coordinación entre las instituciones encargadas del bienestar animal.

Como ejemplo, el organismo presentó dos casos de presunto maltrato registrados en los sectores de Los Zagales y Alta Suiza, en Manizales, donde las autoridades no tenían claridad sobre el procedimiento que debían seguir para intervenir.

Las entidades no demostraron cumplimiento

Durante el proceso judicial, los ministerios involucrados y el Departamento Nacional de Planeación argumentaron que la elaboración de la ruta era una responsabilidad conjunta del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (Sinapyba), integrado por los ministerios de Ambiente, Agricultura, Salud y Transporte, además del DNP.

Las entidades aseguraron que el documento se encontraba en etapa de consolidación técnica y revisión de observaciones. Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que dichos avances no equivalen al cumplimiento efectivo de la obligación legal.

“La ley exige un resultado concreto y no simplemente la ejecución de actividades preparatorias”, señaló la corporación al evaluar los argumentos presentados por las entidades demandadas.

El Ministerio de Salud intentó modificar la decisión argumentando que el plazo de tres meses era insuficiente debido a la complejidad técnica del proyecto y a que el liderazgo del proceso corresponde al Ministerio de Ambiente. No obstante, el alto tribunal rechazó esa solicitud y recordó que la obligación acumula varios meses de retraso.

Lo que sigue tras el fallo

Con la decisión judicial, el Sinapyba tendrá tres meses para expedir oficialmente la Ruta de Atención al Maltrato Animal una vez la sentencia quede en firme.

Posteriormente, comenzará a correr un nuevo plazo de seis meses para que alcaldías y gobernaciones adopten sus propias rutas locales, ajustadas a los lineamientos nacionales.

El fallo también aclaró que municipios como Manizales no podían implementar un protocolo definitivo mientras el Gobierno no estableciera primero los criterios generales exigidos por la Ley Ángel.