El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó la identificación de 43 de los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos registrados el pasado 27 de mayo en Barranco Colorado, zona rural de San José del Guaviare, donde combatieron estructuras armadas ilegales lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’.

De acuerdo con el informe oficial divulgado este 2 de junio, entre las víctimas identificadas se encuentran 11 menores de edad, ocho hombres y tres mujeres, un dato que vuelve a poner en evidencia el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales y el alto costo humanitario que sigue dejando el conflicto en distintas regiones del país.

Según Medicina Legal, de las víctimas plenamente identificadas, 39 corresponden a hombres y nueve a mujeres. Los cuerpos fueron analizados en las sedes de Bogotá, Villavicencio y Yopal, donde equipos forenses adelantaron labores de identificación. La entidad señaló además que cinco cadáveres aún no han podido ser identificados y corresponden a personas de sexo masculino.

#ComunicadoOficial | @MedLegalColombi culminó el abordaje e identificación de 43 de los 48 cuerpos relacionados con el hecho ocurrido el 27 de mayo en zona rural de San José del Guaviare.

5 no se han logrado identificar.
11 corresponden a menores.

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— Medicina Legal (Col) (@MedLegalColombi) June 3, 2026

La revelación de que 11 menores perdieron la vida en medio de los enfrentamientos generó fuertes reacciones desde organismos de derechos humanos. La defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó lo ocurrido como una tragedia que refleja el deterioro de la situación humanitaria en las zonas bajo influencia de grupos armados ilegales.

“11 menores de edad muertos en un combate que parece masacre. Colombianos matando colombianos, sacrificando niños a los que negamos su derecho a un buen futuro”, expresó la funcionaria tras conocerse el informe forense.

Las palabras de la defensora se producen en medio del debate nacional sobre la presencia de menores dentro de las estructuras armadas ilegales y las responsabilidades de los grupos que continúan vinculando a niños y adolescentes a sus filas, una práctica considerada una grave violación de los derechos humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Un enfrentamiento con decenas de muertos

Los combates ocurrieron en una zona estratégica del departamento del Guaviare, donde desde hace meses se disputa el control territorial entre facciones enfrentadas de las disidencias de las antiguas Farc. De acuerdo con información de inteligencia divulgada previamente por el Gobierno, la confrontación estaría relacionada con disputas por rutas del narcotráfico, extorsión y control de economías ilícitas.

La magnitud del enfrentamiento quedó en evidencia con el número de víctimas recuperadas por las autoridades. El trabajo de identificación realizado por Medicina Legal permitió establecer la identidad de la mayoría de los fallecidos, aunque las autoridades mantienen labores para determinar quiénes son los cinco cuerpos restantes.

Reclutamiento de menores, una herida abierta

El hallazgo de 11 menores entre los muertos revive las alertas que organismos nacionales e internacionales han emitido sobre el reclutamiento forzado y la utilización de niños en el conflicto armado colombiano.

La presencia de menores en escenarios de combate constituye una de las expresiones más graves de la violencia armada, pues expone a niños y adolescentes a riesgos extremos y les arrebata derechos fundamentales como la educación, la protección familiar y el desarrollo integral.