En una alocución transmitida la noche de este martes, el presidente Gustavo Petro presentó un balance sobre la evolución de los cultivos ilícitos en Colombia y defendió los resultados de su política antidrogas, al asegurar que durante su administración el crecimiento de las hectáreas sembradas con coca ha sido significativamente menor que el registrado en el gobierno anterior.

Según las cifras expuestas por el mandatario, durante el cuatrienio de Iván Duque la superficie de cultivos ilícitos aumentó en 89.467 hectáreas, mientras que en el actual gobierno el incremento ha sido de 35.112 hectáreas. Además, destacó que en los últimos ocho meses se ha registrado una reducción de 8.821 hectáreas sembradas.

De acuerdo con los datos presentados por Petro, en 2018, cuando comenzó el gobierno de Duque, Colombia registraba 128.779 hectáreas de cultivos ilícitos. Cuatro años después, al cierre de esa administración, la cifra había ascendido a 218.246 hectáreas.

Si quieres en genocidio elige al poder a un criminal

Aquí demuestro que no es con quemar casas y bombardear campesino como se disminuyen los cultivos de hoja de coca. pic.twitter.com/VJaYmBZaU6

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2026

Por su parte, al aproximarse el final del actual periodo presidencial, el área sembrada alcanzó las 253.358 hectáreas. Aunque el número total continúa siendo superior al registrado en 2022, el Gobierno sostiene que el ritmo de crecimiento se ha desacelerado de manera importante y que la tendencia reciente muestra señales de reducción.

Durante su intervención, Petro atribuyó parte de estos resultados a la estrategia de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos impulsada por su administración. El jefe de Estado informó que cerca de 31.000 familias campesinas se han vinculado a estos programas, que buscan reemplazar la economía de la coca por actividades productivas legales.

Según el balance oficial, este proceso ha permitido la erradicación voluntaria de 8.584 hectáreas de hoja de coca, una labor que, aseguró el mandatario, cuenta con mecanismos de verificación por parte de las Naciones Unidas. Adicionalmente, indicó que otras 41.000 familias se encuentran avanzando en las distintas etapas del programa de sustitución.

La política de drogas del Gobierno Petro ha estado centrada en priorizar la transformación económica de los territorios afectados por los cultivos ilícitos, promoviendo acuerdos con las comunidades rurales en lugar de estrategias basadas exclusivamente en la erradicación forzada.