El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, sufrió un nuevo revés judicial en el proceso por el escándalo de corrupción de los carrotanques para La Guajira, luego de que un juez rechazara tramitar la aceptación de cargos con la que buscaba acceder a una eventual reducción de pena.

La decisión se produjo durante una audiencia realizada este jueves, en la que el despacho concluyó que ya no tiene competencia para estudiar el allanamiento presentado por López, debido a que la Fiscalía General de la Nación ya radicó el escrito de acusación formal en su contra.

Según explicó la juez con funciones de control de garantías, será ahora un juez de conocimiento el encargado de definir si acepta o no la admisión de responsabilidad presentada por el exfuncionario.

“Permitir que el allanamiento posterior se tramite ante un juez de garantías implicaría desconocer el principio de preclusividad, que establece las etapas del procedimiento penal”, advirtió la togada durante la diligencia.

Olmedo López busca reducir su condena tras aceptar cargos

La aceptación de cargos fue anunciada por Olmedo López el pasado miércoles, en una nueva estrategia jurídica con la que intenta obtener beneficios judiciales luego de que fracasaran dos preacuerdos previos alcanzados con la Fiscalía.

“Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, afirmó López ante el juez.

Con esta maniobra, el exdirector de la Ungrd busca cerrar anticipadamente el proceso penal y lograr una rebaja en la eventual condena por el entramado de corrupción que habría desviado millonarios recursos públicos destinados a atender comunidades vulnerables.

Tribunal ya había tumbado dos preacuerdos por inconsistencias

El camino judicial de López se ha complicado luego de que la justicia rechazara en dos oportunidades los acuerdos firmados con la Fiscalía.

La decisión más reciente fue adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá, que encontró múltiples inconsistencias en la negociación, entre ellas errores en el cálculo de las penas, falta de claridad sobre el número de delitos y contradicciones respecto a los montos del dinero apropiado.

La magistrada Alma Gertrudis Chamat advirtió que en el expediente “no hay consenso respecto del número de peculados atribuidos al procesado y de su cuantía”.

Mientras algunos apartes del proceso hablaban de dos casos de peculado, otros mencionaban tres hechos distintos, situación que terminó afectando la legalidad del preacuerdo.

El Tribunal también cuestionó las diferencias en las cifras relacionadas con los recursos desviados a terceros. Según la providencia, la Fiscalía llegó a mencionar montos de $5.276 millones, $12.065 millones y hasta $13.446 millones en distintas audiencias.

“Esta situación, por sí sola, resulta suficiente para improbar el preacuerdo, en tanto no existe claridad respecto de los delitos que acepta el procesado”, concluyó la Sala.

El escándalo de los carrotanques en La Guajira

Olmedo López es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado dentro del escándalo de corrupción que golpeó a la Ungrd.

De acuerdo con la Fiscalía, el exdirector habría favorecido irregularmente a un contratista en un negocio por $48.600 millones para la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en comunidades indígenas de La Guajira.

A cambio, según la investigación, López habría recibido $724 millones y permitido que terceros se apropiaran de más de $13.340 millones.

Además, enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades en otro contrato superior a $29.000 millones para la adquisición de carrotanques pequeños, proceso en el que el contratista habría desviado más de $11.114 millones.

Uno de los puntos más sensibles del caso sigue siendo la devolución de los recursos. El Tribunal dejó claro que López no solo tendría que reintegrar el dinero que recibió directamente, sino también responder por los recursos entregados a terceros dentro de la red de corrupción investigada.