El Gobierno nacional lideró en Manizales una nueva sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, en la que fueron evaluadas las condiciones de seguridad de cara a las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo.

La jornada reunió a representantes de entidades nacionales y territoriales, organismos de control, Fuerza Pública, la Registraduría Nacional del Estado Civil y organismos encargados del monitoreo electoral en todo el país, con el objetivo de revisar alertas territoriales y fortalecer las medidas institucionales para garantizar el normal desarrollo de los comicios.

Durante la sesión, el Gobierno anunció un refuerzo en los esquemas de protección para las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales, así como el incremento de las capacidades de monitoreo y reacción frente a posibles amenazas o riesgos electorales.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Ejecutivo activó medidas especiales a través del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral Presidencial (CORMPE) con el fin de garantizar la seguridad de los aspirantes y preservar el proceso democrático.

“Desde el 8 de marzo se han fortalecido los esquemas de protección con más de 460 policías, más de 260 hombres de la UNP y 94 vehículos blindados”, afirmó el funcionario durante la reunión.

El jefe de la cartera política indicó además que, en el marco de la campaña electoral, se han desarrollado cerca de 450 actividades de acompañamiento y dispositivos de seguridad en diferentes regiones del país, con la participación de más de 11.400 integrantes de la Fuerza Pública y organismos de seguridad.

Gobierno responde a críticas por presunta intervención política

Durante la sesión, Armando Benedetti también respondió a los cuestionamientos relacionados con una supuesta participación del Gobierno en actividades proselitistas, asegurando que el Ejecutivo mantiene neutralidad frente al proceso electoral.

“El Gobierno no está haciendo campaña. Nadie puede decir que se hayan utilizado recursos públicos para constreñir el voto o favorecer candidaturas. No hemos presionado alcaldes, gobernadores ni funcionarios públicos, ni hemos pedido el voto por nadie”, señaló el ministro.

Las declaraciones se producen en medio de un ambiente político marcado por denuncias cruzadas entre distintos sectores y crecientes preocupaciones por la seguridad de varios candidatos presidenciales.

URIEL reporta 60 denuncias por posibles irregularidades electorales

En la Comisión también fueron revisadas las alertas recibidas por la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), entidad que ha registrado hasta el momento 60 denuncias relacionadas principalmente con presuntos hechos de corrupción electoral, constreñimiento al sufragante e intervención en política.

Ante ese panorama, el Gobierno anunció un fortalecimiento de las acciones de seguimiento y presencia institucional en las zonas donde se han identificado factores de riesgo, en coordinación con autoridades locales, organismos de control y entidades de seguridad del Estado.

Asimismo, el Ejecutivo confirmó que el próximo martes volverá a reunirse el CORMPE Presidencial para revisar y ajustar los esquemas de protección de las campañas políticas.

Llamado a rechazar la violencia política

La Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales reiteró además el llamado a las campañas y actores políticos para respaldar el pacto impulsado por la Defensoría del Pueblo, orientado a rechazar la violencia política y promover un debate democrático basado en el respeto y las garantías electorales.

Finalmente, el Ministerio del Interior de Colombia informó que continuará desarrollando espacios de articulación institucional y monitoreo permanente con el fin de asegurar unas elecciones transparentes, seguras y con garantías plenas para los ciudadanos y las campañas presidenciales.