La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) planteó la posibilidad de realizar un “canje humanitario” para negociar la liberación de cuatro funcionarios secuestrados desde mediados de 2025 en el departamento de Arauca, en medio de una nueva controversia por sus prácticas frente al derecho internacional.

En un video difundido por el Frente de Guerra Oriental, el grupo armado aseguró que los retenidos fueron sometidos a un “juicio” interno, tras el cual decidió no imponerles la pena de muerte, sino mantenerlos bajo lo que denomina “prisión revolucionaria”. En ese contexto, el ELN propuso un eventual intercambio por personas detenidas o bajo condiciones que deberían ser negociadas con el Estado, aunque no entregó detalles concretos.

Las personas en cautiverio fueron identificadas como los funcionarios del CTI José Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, así como los uniformados Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza. Según la información disponible, todos fueron interceptados mientras desarrollaban labores institucionales en la región.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera categórica la propuesta del grupo insurgente y cuestionó la legitimidad de sus acciones. El funcionario señaló que el ELN no puede suplantar a las autoridades judiciales ni atribuirse funciones que corresponden al Estado, al tiempo que reiteró la exigencia de liberación inmediata de los secuestrados.

“Exigimos que liberen a todos los colombianos que el cartel del ELN tiene secuestrados”, afirmó el ministro, quien también hizo un llamado a la comunidad internacional, organismos de derechos humanos y la Iglesia católica para respaldar los esfuerzos orientados a lograr el retorno de las víctimas.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, insistió en que la liberación debe darse sin condiciones y advirtió que este tipo de prácticas no tienen sustento en el Derecho Internacional Humanitario. La funcionaria subrayó que la realización de supuestos “juicios” por parte de grupos armados no legitima la privación de la libertad.

Marín también pidió al Gobierno nacional reforzar el acompañamiento a las familias de los secuestrados, quienes, según indicó, han manifestado sentirse desatendidas en medio del proceso.