El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el decreto 0415 de 2026, con el que ordena a los fondos privados de pensiones trasladar cerca de $25 billones hacia Colpensiones, una medida clave dentro de la implementación de la reforma pensional que ha generado fuertes reacciones en distintos sectores económicos.

El traslado de estos recursos corresponde a los ahorros de afiliados que han decidido cambiarse del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Según el decreto, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tendrán un plazo de 15 días para efectuar el giro, mientras que en el caso de afiliados no pensionados el traslado se hará de forma escalonada.

Más allá del procedimiento técnico, el objetivo del Gobierno es utilizar estos recursos para aliviar el déficit estructural del sistema público. Actualmente, el Estado destina cerca de $35 billones anuales para cubrir las obligaciones de Colpensiones, por lo que el traslado de $25 billones busca reducir la presión sobre el presupuesto general y garantizar el pago de mesadas.

Además, la medida está directamente ligada a la financiación del nuevo modelo establecido en la Ley 2381 de 2024, que introduce un sistema de pilares con componentes como la renta solidaria, la renta vitalicia y las pensiones anticipadas. En este esquema, los recursos trasladados servirían como base para asegurar la operatividad del nuevo modelo pensional.

Sin embargo, el decreto ha intensificado el debate sobre el uso de los ahorros individuales. Desde Asofondos, su presidente Andrés Velasco advirtió que el traslado no sería necesario y cuestionó que se utilicen recursos de largo plazo para cubrir necesidades inmediatas del sistema, lo que —según el gremio— podría comprometer la sostenibilidad futura.

Analistas económicos también han expresado preocupación por la rapidez con la que se busca ejecutar el traslado mediante decreto, señalando posibles riesgos para la confianza en el sistema pensional y la seguridad de los ahorros de los afiliados.

Desde el Gobierno, en contraste, se defiende la medida como un mecanismo legítimo dentro de la reforma. El presidente Petro ha insistido en que los ciudadanos tienen derecho a trasladar sus ahorros entre regímenes y ha planteado que el nuevo esquema busca evitar desequilibrios estructurales en el sistema, incluso solicitando el aval de la Corte Constitucional para su implementación.

El decreto permite que los recursos sean transferidos en efectivo, a través de Títulos de Tesorería TES clase B u otros instrumentos de deuda vigilados, lo que abre diferentes mecanismos financieros para ejecutar la medida.

En medio de este escenario, el traslado de $25 billones se consolida como uno de los puntos más sensibles de la reforma pensional, al enfrentar la necesidad de financiar el sistema en el corto plazo con las advertencias sobre sus posibles efectos en la sostenibilidad a largo plazo.