La empresa Meta Platforms Inc., que administra Facebook, Instagram y WhatsApp, ha publicado un informe en su Centro de Transparencia sobre las acciones que adoptó en respuesta a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional de Colombia mediante la Sentencia T-256 de 2025. Esta sentencia determinó que la compañía vulneró los derechos de la influenciadora digital Esperanza Gómez al eliminar su cuenta de Instagram con más de cinco millones de seguidores.

La Corte Constitucional de Colombia había emitido seis órdenes específicas a Meta, que incluían la creación de un canal electrónico visible para recibir notificaciones de acciones de tutela originadas en Colombia, la revisión y ajuste de las Condiciones de Uso de Instagram y su Política de Privacidad, y la unificación de las políticas sobre desnudos y actividad sexual de adultos.

En respuesta a estas órdenes, Meta ha habilitado un canal electrónico en la dirección https://officialrequests.meta.com/tutelascolombia/login/, que permitirá a los usuarios en Colombia recibir notificaciones de acciones de tutela. La compañía aseguró que la implementación de este canal requirió la coordinación entre múltiples equipos internos, la actualización de los protocolos de seguridad, la adaptación de los sistemas existentes y la formación del personal responsable de su gestión.

Además, Meta ha publicado un artículo en su Centro de Ayuda dirigido exclusivamente a usuarios en Colombia, que explica los motivos de la eliminación de una cuenta, el tiempo de conservación de sus datos y los mecanismos para impugnar las decisiones de moderación. La compañía también ha unificado sus políticas sobre desnudos y actividad sexual de adultos en un solo sitio, en idioma español y con claridad.

La Sentencia T-256 de 2025 resolvió la tutela de Esperanza Gómez Silva, a quien Meta le cerró su cuenta de Instagram por presuntas infracciones a su política sobre desnudos y actividades sexuales. El alto tribunal encontró que Meta no aplicó de forma transparente y consistente sus propias normas y determinó que se vulneraron los derechos de Gómez a la libertad de expresión, el debido proceso, la igualdad, el trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio.

Aunque la restitución de la cuenta ya no era posible por el paso del tiempo, la Corte habilitó a la influenciadora para buscar una reparación económica por la vía ordinaria. Con estas acciones, Meta busca cumplir con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional de Colombia y mejorar la transparencia y claridad en sus políticas y procedimientos.