El superintendente de Salud, Bernardo Camacho, confirmó a la emisora La FM que ha remitido su carta de dimisión directamente al mandatario nacional. La decisión, tomada de manera voluntaria, se produce en medio de una profunda reestructuración del sistema de salud colombiano y de la polémica sobre los traslados masivos de afiliados de EPS intervenidas.

Camacho, quien asumió la Superintendencia en 2025 tras ejercer como agente interventor de la Nueva EPS, envió su renuncia a la oficina del presidente Gustavo Petro. En su comunicado, el funcionario señaló que la medida responde a razones personales y profesionales, sin entrar en detalles sobre posibles presiones externas.

Desde el inicio del gobierno de Petro, la Superintendencia de Salud ha experimentado una sucesión de titulares: Ulahy Beltrán López, Luis Carlos Leal, Helver Rubiano y, finalmente, Bernardo Camacho. Cada cambio ha coincidido con momentos críticos del sector, como la intervención de varias EPS y la implementación de políticas de redistribución de usuarios.

En los últimos meses, la entidad reguladora ha liderado la reorganización de la red de salud, ordenando el traslado de entre 2,4 y 6,6 millones de afiliados de compañías como Coosalud, Asmet Salud, Cajacopi, Famisanar, Compensar, Sanitas y Sura. El Decreto 0182 de 2026 estableció que los usuarios deben permanecer en la nueva EPS durante 60 días, tras lo cual pueden cambiar de aseguradora siempre que exista una alternativa habilitada en su municipio.

Sin embargo, la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió temporalmente el proceso, advirtiendo que la capacidad de absorción de las entidades receptoras podría verse comprometida. La medida generó protestas de pacientes y críticas de organizaciones de la sociedad civil, que alertan sobre posibles interrupciones en la atención.

La polémica alrededor de la Nueva EPS

El caso más emblemático es la Nueva EPS, intervenida por la Superintendencia desde abril de 2024 debido a graves problemas financieros. A agosto de 2025, la compañía acumulaba deudas por más de 115 mil millones de pesos colombianos con prestadores privados y 9,5 mil millones con la red pública distrital. Estas cifras ponen en duda su capacidad para atender a los millones de usuarios que se prevé le sean transferidos.

Ante esta situación, el gobierno ha contemplado la reasignación de pacientes con patologías complejas a otras EPS, con el objetivo de evitar la interrupción de tratamientos de alto costo. La estrategia, sin embargo, sigue siendo objeto de debate entre autoridades sanitarias y representantes de los usuarios.

La salida de Camacho añade incertidumbre a la dirección de la Superintendencia en un momento en que el Ejecutivo busca consolidar su plan de salud integral. Analistas señalan que la próxima designación podría influir en la velocidad y forma de los traslados, así como en la supervisión de las EPS intervenidas.

Mientras tanto, el presidente Petro ha reiterado su compromiso con la garantía de acceso a la salud, indicando que la administración continuará trabajando en conjunto con la Superintendencia para fortalecer la capacidad operativa del sistema y proteger los derechos de los afiliados.