El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, declaró emergencia hospitalaria en la ciudad tras constatar un colapso sin precedentes en el sistema de salud, agravado por una deuda millonaria de $2,157 billones que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tienen con clínicas y hospitales. La crisis, calificada como “humanitaria” por las autoridades locales, ha llevado a centros médicos a operar al 191% de su capacidad, con pacientes en corredores y cirugías suspendidas, mientras el Gobierno nacional incumple órdenes judiciales para pagar las deudas.

Hospitales al borde del colapso: urgencias saturadas y pacientes en riesgo

La situación es crítica en instituciones como el Hospital La María (191% de ocupación en urgencias), Incodol (163%) y el San Vicente Fundación (más del 150%). En áreas de observación, el Hospital General reporta más de 100 pacientes en corredores, mientras que el Pablo Tobón Uribe y La María superan los 50. “Esto no es una alerta más. Esto ya tocó fondo”, advirtió Gutiérrez, quien denunció que 30 pacientes del Hospital Cardiovid —intervenidos quirúrgicamente— podrían morir si no reciben medicamentos, ya que Nueva EPS no paga desde febrero de 2025.

El Hospital Alma Mater canceló 2,000 atenciones, incluyendo cirugías y cuidados domiciliarios, por la misma razón. Solo en Medellín, la deuda de las EPS asciende a $2,157 billones, de los cuales $8 billones corresponden a Antioquia (el 24% del total nacional). El Hospital General acumula $270,000 millones en adeudos, principalmente con Savia Salud ($190,000 millones), Nueva EPS ($48,000 millones) y ADRES ($22,900 millones).

El 86% de la deuda en Medellín proviene de EPS intervenidas por el Gobierno Petro

Según Gutiérrez, $1.85 billones (el 86% del total) corresponden a Nueva EPS ($914,000 millones), Savia Salud ($713,000 millones) y COOSALUD ($217,000 millones), todas bajo intervención estatal. “El Gobierno nacional politiza el sistema mientras la gente muere esperando atención”, denunció el alcalde, quien criticó que Medellín ha invertido $480,000 millones en 2024 para sostener su red pública (Hospital General, Metrosalud e Infantil), pero no puede asumir indefinidamente una responsabilidad que es del Estado.

Medellín exige sanciones y acciones legales contra funcionarios incumplidores

Ante el incumplimiento de un fallo judicial del Tribunal Administrativo de Antioquia (que ordenó pagar las deudas antes del 26 de agosto de 2025), Gutiérrez anunció:

1. Solicitud al Tribunal para aplicar máximas sanciones al Ministro de Salud, Ministro de Hacienda, Superintendente de Salud, ADRES y agentes interventores.
2. Denuncia ante la Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo por desacato.
3. Remisión a la Fiscalía por posible fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión, aludiendo a funcionarios que no garantizaron el flujo de recursos.

“Nadie está por encima de la ley. Esto debe sancionarse”, afirmó Gutiérrez, quien también exigió a los candidatos presidenciales presentar propuestas concretas para resolver la crisis. “Colombia no aguanta más. Ni las ciudades, ni los hospitales, ni los pacientes”, sentenció.

Contexto nacional: $33 billones en deudas y un sistema al límite

La crisis en Medellín refleja un problema nacional: según datos del Ministerio de Salud, las EPS adeudan $33 billones al sistema, con $8 billones en Antioquia. Mientras el Gobierno de Gustavo Petro ha intervenido varias EPS, los pagos siguen sin concretarse, dejando a miles de pacientes en riesgo de muerte por falta de medicamentos o atención.

La emergencia declarada por Medellín podría extenderse a otras ciudades, donde hospitales ya operan en condiciones inhumanas. La pregunta ahora es: ¿Cuándo actuará el Gobierno central para evitar un desastre sanitario irreversible?