La decisión de Interpol de eliminar la circular roja contra Carlos Ramón González, exfuncionario vinculado al polémico caso de la UNGRD, ha reavivado el debate sobre la eficacia de la justicia en Colombia. Mientras algunos expertos advierten sobre riesgos en el proceso penal, otros minimizan el impacto, señalando que el caso sigue su curso.

Un error procedimental con implicaciones graves

La Secretaría General de Ficheros de Interpol retiró la orden de captura internacional contra González tras detectar “problemas en información reservada” que no pudieron corregirse. Según explicó el abogado José Moreno, esta medida es un “hecho grave para la justicia”, ya que podría dificultar la comparecencia del procesado. “No es una absolución ni implica que el proceso penal vaya a desaparecer”, aclaró, pero advirtió que limita la difusión internacional de la orden.

En contraste, el abogado Iván Matar restó importancia al levantamiento de la circular, argumentando que González “pretendía seguir evadiendo” la justicia independientemente de su existencia. “Su conducta es de retar a la sociedad”, afirmó, al referirse a su permanencia fuera del país mientras avanza el proceso.

Testimonios clave y cuestionamientos al procedimiento

Durante el análisis en el programa Aquí y ahora de La FM, Pablo Bustos cuestionó los errores que llevaron a la eliminación de la circular, señalando que “no tiene precedentes”. Además, sugirió que estos fallos podrían estar vinculados a influencias políticas, al afirmar que “todos los caminos conducen a la Casa de Nariño”.

Moreno, por su parte, destacó la importancia de la colaboración de testigos como Olmedo López, cuya información ha sido determinante en la investigación. “Cuando la justicia llega tarde en corrupción, pierde el país”, advirtió, subrayando que retrasos como este pueden afectar el avance de los casos.