En un polémico giro dentro del debate político colombiano, el exembajador y exasesor de campaña de Gustavo Petro, Roy Barreras, acusó este domingo que la suspensión de órdenes de captura a jefes del crimen organizado en el Valle de Aburrá y otras regiones podría estar vinculada a un supuesto acuerdo para favorecer al Pacto Histórico en las próximas elecciones presidenciales.

Sus declaraciones, vertidas durante una entrevista con el portal Los Danieles, han reavivado las críticas sobre la estrategia de “paz total” del gobierno, cuestionando su impacto en la democracia y la seguridad del país.

Barreras, quien fue una figura clave en la campaña de Petro en 2022, aseguró que líderes de disidencias de las FARC y otros grupos armados —beneficiarios de la política de acercamiento del gobierno— estarían ejerciendo presión sobre las comunidades para influir en los resultados electorales. Entre los nombres mencionados destacan Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) y Diana Carolina Rey Rodríguez (“Érika”), cabecillas de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), que controlan un territorio de más de 3.500 integrantes en al menos 13 departamentos, incluyendo Antioquia, Caquetá y Putumayo.

“Si manda ‘Araña’, pues decide la votación, porque conmina, porque obliga”, declaró Barreras, refiriéndose a Geovany Andrés Rojas (“Araña”), jefe de los Comandos de Frontera y vocero de paz en diálogos con el gobierno. Según el exembajador, en municipios como López de Micay (Cauca), donde la Segunda Marquetalia —al mando de Iván Márquez— tiene presencia, los grupos armados no solo obligan a votar, sino que “recogen las cédulas y entregan el registro electoral”, un patrón que, según él, se repite en zonas bajo control de estas estructuras.

Suspensiones polémicas y beneficios judiciales

La polémica surge tras la reciente decisión de la Fiscalía, a petición del gobierno, de suspender por seis meses las órdenes de captura de 23 jefes criminales en el Valle de Aburrá, muchos de ellos vinculados a diálogos de paz desde 2023. Entre ellos se encuentran miembros de la disidencia de “Calarcá” y “Érika”, quienes, pese a ser detenidos en julio de 2024 con armas, dinero y un menor reclutado, mantuvieron su estatus de negociadores.

El caso más llamativo es el de “Araña”, capturado en febrero de 2025 con fines de extradición a EE.UU. por narcotráfico, pero cuya entrega fue bloqueada por Petro al argumentar que era un “vocero de paz”. Su grupo, los Comandos de Frontera, opera en Putumayo, Caquetá y Amazonas, con alrededor de 600 integrantes.

Patrones electorales cuestionados

Las acusaciones de Barreras no son aisladas. Un editorial publicado el 29 de marzo por este medio, titulado “Nace una nueva ‘parapolítica’”, destacó que en 19 municipios en riesgo extremo por la Misión de Observación Electoral (MOE), el Pacto Histórico obtuvo votaciones abrumadoras: en Sucre (Cauca), por ejemplo, logró el 73% de los votos con solo el 39% de participación. En Jambaló y Totoró, el 68%. En el Nordeste y Bajo Cauca antioqueños, donde las disidencias tienen influencia, el partido también dominó con amplias mayorías.

“En cualquier democracia competitiva, estos resultados serían difíciles de explicar”, señala el texto, que advierte sobre la posible instrumentalización de los grupos armados en favor de un proyecto político.